7.291 muertes y ninguna respuesta: La jueza suspende las declaraciones clave del escándalo sanitario en Madrid

La tensión se palpaba en los alrededores de los juzgados, donde los familiares de las víctimas de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' del gobierno de Isabel Díaz Ayuso esperaban con ansiedad el momento que habían anhelado durante años. Sin embargo, sus esperanzas se vieron frustradas cuando las declaraciones programadas para este lunes fueron suspendidas debido a un fallo administrativo.

Los familiares, que han sufrido la pérdida de 7.291 seres queridos en residencias madrileñas, exigían respuestas sobre quién había dado la orden de no trasladar a los enfermos a hospitales. Las comparecencias de tres ex altos cargos del Gobierno regional estaban previstas, pero no todos los imputados habían sido notificados adecuadamente sobre la denuncia y el auto de incoación de diligencias. Esta situación ha sido calificada por los abogados de las víctimas como una maniobra dilatoria.

Las comparecencias que no fueron

A las 12:00 del mediodía, estaban citados para declarar en calidad de investigados el exasesor Antonio Burgueño, el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos', Carlos Mur, y Francisco Javier Martínez Peromingo, encargado de elaborar informes relacionados con estos protocolos.

No obstante, la jueza Inés Durántez decidió suspender estas comparecencias al constatar que no todos habían sido notificados. Este hecho podría dar lugar a alegaciones de indefensión por parte de los imputados y potencialmente invalidar futuras actuaciones judiciales. Asimismo, se aplazó la declaración solicitada por la Fiscalía de un conductor de ambulancias.

Implicaciones legales y demandas colectivas

El Ministerio Público había solicitado que estos tres miembros del Gobierno regional fueran considerados investigados por un presunto delito de denegación discriminatoria del servicio sanitario. Esta petición surge tras una nueva denuncia colectiva presentada por 109 familiares cuyos ancianos fallecieron en residencias durante la pandemia, a quienes se les impidió ser trasladados a hospitales debido a dichos protocolos.

Los familiares han manifestado su descontento y han reclamado justicia. En medio del tumulto, algunos gritaron: “¡Digan la verdad!”. Antonio Burgueño fue recibido con reproches y críticas al intentar hacer declaraciones. En contraste, Carlos Mur evitó ser visto al entrar al juzgado, mientras que Javier Peromingo defendió que los protocolos no eran discriminatorios.

Lucha continua por justicia

A pesar del revés judicial, los familiares continúan su lucha por esclarecer lo sucedido. Aseguran que las órdenes para redactar esos protocolos debieron venir desde instancias superiores. “La orden tuvo que venir de más arriba”, afirman desde las asociaciones de víctimas, quienes sostienen que hay una clara discriminación en la atención sanitaria basada en la edad y el hecho de vivir en residencias.

Durante este proceso judicial, se ha revelado que tanto Mur como Peromingo ya aparecían como investigados en otras querellas previas. Aunque sus declaraciones actuales no son las primeras —ya testificaron previamente—, esta vez enfrentan acusaciones más graves relacionadas con la gestión durante la crisis sanitaria.

En sus anteriores comparecencias, ambos insistieron en que el protocolo no debía aplicarse obligatoriamente, sino que eran simplemente recomendaciones. Sin embargo, estas contradicciones han generado aún más incertidumbre sobre su responsabilidad en las decisiones tomadas durante uno de los momentos más críticos para el sistema sanitario español.

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