02/06/2025@22:40:06
La justicia española reabre el caso de las muertes en residencias durante la primera ola del COVID-19, enfocándose en los políticos responsables de los protocolos que impidieron el traslado de miles de mayores a hospitales. Dos altos cargos del Gobierno de Madrid están siendo investigados por su papel en estas decisiones, que resultaron en la muerte de 7.291 personas sin atención médica adecuada. Los familiares de las víctimas exigen responsabilidades y justicia, mientras se investiga un delito de denegación discriminatoria de atención sanitaria pública. La nueva etapa judicial busca esclarecer quién dio las órdenes y por qué se excluyó a ciertos grupos del sistema sanitario.
