Dos sospechosos fueron detenidos en Polonia por fraude y tentativa de fraude relacionados con un programa de formación en informática financiado por la UE para personas mayores. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que los sospechosos ofrecieron tabletas y "donaciones" a los participantes para cubrir las tarifas de inscripción, creando la apariencia de que estos pagaban con sus propios fondos. Los implicados recibieron aproximadamente 10,000 euros del organismo pagador y solicitaron más de 300,000 euros en pagos por las sesiones de capacitación. Ambos enfrentan cargos de fraude y han sido puestos bajo supervisión policial.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación contra un propietario de viñedos en Bulgaria por intentar obtener fraudulentamente 348,231.64 euros en subsidios de la UE. La investigación se centra en una solicitud de apoyo financiero presentada en noviembre de 2023 para un proyecto de reestructuración y conversión de viñedos. El acusado falsificó declaraciones de cosecha para los años vitivinícolas 2020, 2021 y 2022, aunque no se había presentado ninguna declaración para el año 2020. Gracias a la detección temprana del fraude, no se desembolsaron fondos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de hasta 5,000 euros.
Las autoridades polacas han arrestado a un sospechoso de fraude en el aeropuerto de Varsovia, en el marco de una investigación sobre el uso indebido de fondos del programa "Czyste Powietrze" (Clean Air Programme). Este individuo, CEO de una empresa en Gdańsk, está acusado de malversar más de 470,000 euros destinados a proyectos de mejora energética y sustitución de sistemas de calefacción contaminantes. La detención se llevó a cabo por la Oficina Central Anticorrupción y se han realizado registros en varias ubicaciones para recabar pruebas. Hasta ahora, se ha identificado a 37 beneficiarios potencialmente afectados por las actividades delictivas relacionadas con este programa cofinanciado por la UE.
El 4 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de Lituania confirmó las condenas de dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por un esquema de contrabando de grandes cantidades de cigarrillos desde Bielorrusia. La corte desestimó las apelaciones de los acusados y mantuvo la condena por abuso de poder. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que se contrabandearon más de tres millones de paquetes, causando daños estimados en 10 millones de euros. Además, se ordenó a los condenados reembolsar más de 9,7 millones de euros. Las multas impuestas fueron reducidas a aproximadamente 266,000 euros. Los condenados tienen tres meses para apelar ante el Tribunal Supremo de Lituania.
MUNDO INSÓLITO: Cuatro personas, incluyendo a tres funcionarios públicos, han sido acusadas en Rumanía por un esquema criminal que permitió obtener fraudulentamente 2,2 millones de euros en fondos de la UE destinados a pastos. La investigación de la Fiscalía Europea reveló que un criador de ovejas utilizó empleados para arrendar tierras no elegibles y presentó solicitudes de subsidios infladas con la complicidad de funcionarios de la Agencia de Pagos y de Intervención en Agricultura. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentarse a penas de entre tres y diez años de prisión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía relacionada con un proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Sibiu, financiado por la UE con 54 millones de euros. Se están realizando múltiples registros en el aeropuerto y el Consejo del Condado de Sibiu, así como en varias empresas y domicilios de personas implicadas. La investigación se centra en posibles irregularidades en el procedimiento de licitación y conflictos de interés, tras la adjudicación del contrato a un único postor que podría haber presentado información incorrecta sobre su capacidad para cumplir con los requisitos. Las autoridades continúan investigando para determinar si ha habido delitos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Timișoara, Rumanía, llevó a cabo 307 registros en 15 condados relacionados con una investigación sobre un fraude de subsidios de la UE por 1.32 millones de euros en proyectos de apicultura. La pesquisa se centra en 388 solicitudes de pago presentadas a la Agencia Rumana para Pagos e Intervención en Agricultura (APIA) durante las campañas agrícolas de 2023 y 2024, donde se sospecha que se utilizaron documentos falsos para obtener subvenciones. Las autoridades creen que los solicitantes no poseían las colmenas ni el equipo necesarios, lo que podría haber resultado en la obtención ilegal de fondos públicos. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE. Para más información, visita el enlace.
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La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra nueve sospechosos en relación con una organización criminal que importaba vehículos dañados desde Estados Unidos, evadiendo impuestos aduaneros y el IVA. Estos coches, tras reparaciones superficiales, se vendían en Europa, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores. La investigación, conocida como Nimmersatt, ha revelado un fraude fiscal superior a 90 millones de euros. Uno de los acusados es el presunto líder del grupo, actualmente en prisión preventiva. Las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. La investigación sigue activa con otros sospechosos involucrados.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Ptuj, Eslovenia, contra dos individuos por fraude relacionado con fondos de modernización agrícola de la UE. Se les acusa de falsificar documentos públicos para obtener fraudulentamente subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, destinadas a la construcción de un establo y la compra de equipos. La investigación revela que uno de los sospechosos utilizó un permiso de ocupación falso, mientras que el otro proporcionó plantillas para su elaboración, causando un perjuicio aproximado de 95.000 euros a la UE y al Estado esloveno. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de uno a ocho años por fraude en subsidios y hasta tres años por falsificación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado cargos contra el exalcalde y el exgobernador de Varna, junto a dos funcionarios públicos, por fraude relacionado con la reclamación de fondos para la reconstrucción de un puerto pesquero que nunca existió. Se les acusa de falsificar documentos oficiales para obtener ilegalmente 3.4 millones de euros en fondos europeos y nacionales. La investigación reveló que las parcelas incluidas en la solicitud eran en realidad rocas y arena, y no un puerto funcional. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de hasta ocho años.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado una nueva condena en la investigación Midas, un caso de fraude fiscal a gran escala que abarca 17 países y causa daños estimados de 195 millones de euros. Esta es la cuarta persona condenada por este esquema, que involucra el uso de empresas ficticias para evadir impuestos mediante la venta de productos electrónicos. Un director de una empresa involucrada fue sentenciado a un año y seis meses de prisión en suspenso por causar una pérdida fiscal cercana al millón de euros.
Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El tribunal de Rotterdam impuso una sentencia de 197 días de prisión, con 180 días probacionales y 240 horas de servicio comunitario, debido a su papel crucial en un caso internacional de fraude relacionado con el comercio de electrónica. Este esquema, que involucró a varios países europeos, causó pérdidas estimadas superiores a 40 millones de euros. La empresa dirigida por el condenado dejó de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que permitió a otros actores reclamar reembolsos fraudulentos de IVA. La EPPO se encarga de perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Central Criminal Court de España ha condenado al administrador de una empresa por fraude al obtener subsidios de la UE destinados a la promoción del vino español en mercados externos. La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), revela que entre 2019 y 2022 se presentaron facturas falsas por actividades no realizadas, lo que resultó en reclamaciones fraudulentas superiores a 55,000 euros. El condenado deberá pagar una multa y ha reembolsado el total obtenido indebidamente. Esta sentencia destaca el compromiso de la EPPO en proteger los intereses financieros de la UE.
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