El que fuera jefe de ETA recurrió en apelación la decisión de García Castellón alegando que los hechos que se le atribuyen datan del año 1997 y el procedimiento no se dirige contra él hasta la presentación de la querella en 2022, por lo que habrían transcurrido 24 años, superando el plazo de prescripción de 20 años establecido en el Código Penal.
