REPORTAJES

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Italia que resultó en la incautación de activos por más de 23.5 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios italianos ejecutaron órdenes judiciales que permitieron asegurar hasta 60 millones de euros en activos, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. El esquema fraudulento involucraba la venta de más de 188 millones de litros de diesel y gasolina sin pagar los impuestos correspondientes, lo que distorsionó significativamente la competencia en el mercado. Se estima que las devoluciones fraudulentas de IVA entre 2023 y 2025 causaron daños por un total aproximado de 60 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.

Un ciclista de 66 años ha fallecido tras un accidente con un camión en la carretera A-494, cerca de Almonte, Huelva. El incidente ocurrió alrededor de las 10:02 horas y fue reportado por testigos. Efectivos de la Guardia Civil, bomberos y servicios de emergencia se trasladaron al lugar, donde se certificó el fallecimiento del ciclista. Este trágico suceso resalta la importancia de la seguridad vial en las carreteras andaluzas.

El veterano periodista y escritor Tomás Bárbulo presentó ayer viernes 19 de junio su última novela, y quizá la más personal, en el Ateneo de Madrid.

Siete personas han sido condenadas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros relacionado con el programa de renovación energética MaPrimeRénov’. El tribunal penal de París dictó sentencia tras una investigación del Fiscal Europeo (EPPO), revelando que los acusados formaban parte de un grupo criminal organizado que presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos públicos. Las penas incluyen hasta tres años de prisión y multas que oscilan entre 10,000 y 400,000 euros. Además, se les ordenó reembolsar la cantidad defraudada a la Agencia Nacional de la Vivienda (ANAH) y se confiscaron activos por un valor aproximado de 595,000 euros. La sentencia es susceptible de apelación.

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.

La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca penalizar las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la importancia de modificar el Código Penal para castigar estas pseudoterapias con penas de prisión, ya que actualmente solo se sancionan con multas. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura, y la propuesta incluye un nuevo artículo en el Código Penal para castigar a quienes intenten modificar o negar la orientación sexual o identidad de género. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, la federación insiste en que aún queda trabajo por hacer para garantizar la igualdad real y proteger a las víctimas.

El alcalde de Buduslău, en el condado de Bihor, Rumanía, fue detenido mientras recibía un soborno del 5% del valor de un contrato financiado por la UE para mejorar la infraestructura agrícola. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que desde octubre de 2025, el alcalde solicitó un soborno de aproximadamente €38,500 a cambio de garantizar la ejecución y agilización de pagos del contrato. Fue arrestado el 19 de mayo de 2026 tras recibir una parte del dinero. Actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva y está bajo control judicial durante 60 días, con prohibiciones para salir del país y ejercer su cargo.

La Audiencia de Navarra ha condenado a un hombre de 52 años a 21 meses de prisión por realizar tocamientos y acosar a dos menores en unas piscinas de Pamplona en julio de 2022. El acusado, originario de Ecuador, fue sentenciado a 18 meses por abuso sexual sobre una niña de 14 años y 3 meses por acoso hacia ella y un niño de 12. Además, se le impuso una prohibición de acercarse a las víctimas durante cinco años y deberá indemnizar con 2.500 euros a la joven y 500 al niño. La pena se suspendió por tres años bajo condiciones específicas.