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Sistemas de morteros españoles en uno de los lugares más calientes del conflicto yemení
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Sistemas de morteros españoles en uno de los lugares más calientes del conflicto yemení

jueves 06 de agosto de 2020, 14:04h

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La venta de los sistemas de mortero Alakran, de la empresa madrileña NTGS, fue autorizada por el Gobierno incumpliendo la legislación nacional e internacional. Un vídeo grabado por guardias de fronteras saudíes muestra la presencia de este armamento en una zona en la que ha habido numerosos combates.
Una investigación de Greenpeace España de fuentes abiertas, en colaboración con investigadores independientes y elDiario, iniciada con el objetivo de ahondar en el destino y uso final de armas españolas exportadas en países involucrados en la guerra de Yemen, ha descubierto un vídeo que demuestra la presencia de varios sistemas de morteros españoles, modelo Alakran de 120 mm, desplegados en la zona fronteriza entre Yemen y Arabia Saudí, uno de los lugares más calientes del conflicto yemení.

El vídeo, publicado en las redes sociales TikTok e Instagram hace unos meses, muestra tanto el desplazamiento de varios vehículos todoterreno de la Guardia de Fronteras saudí que portan los morteros Alakran, como su despliegue y utilización. La investigación ha determinado que una de las carreteras por la que transitan los vehículos con los morteros en dirección a Najran, se encuentra a tan solo tres kilómetros de la frontera con Yemen, en una zona muy conflictiva donde se han librado numerosos ataques indiscriminados que han alcanzado a la población civil.

Morteros made in Spain apuntando a Yemen

Greenpeace recuerda que para asegurar que una autorización se ajusta a la ley, la JIMMDU, la Junta interministerial que autoriza la exportación de armas elabora un informe preceptivo sobre cada solicitud que concede o deniega, tras evaluar los riesgos, por lo que la autorización de la exportación de armas a países que están participando en el conflicto de Yemen es muy controvertida moralmente y, con toda seguridad, ilegal.

“El riesgo de que estas armas se utilicen en ataques que alcancen a la población civil yemení era elevado en 2016, cuando se firmó el contrato, y lo es ahora. El Gobierno no debería haber autorizado esta exportación y en cualquier caso debe recabar información sobre el uso que se está dando a estas armas”, ha declarado Sara del Río, portavoz de la campaña de Desarme de Greenpeace.

Pruebas del envío de los morteros

Según se ha podido averiguar en la investigación, en diciembre de 2016, la empresa New Technologies Global System (NTGS), cuyo 50% de capital pertenece a Everis Aeroespacial y Defensa SL, firmó su primer contrato de venta del portamortero Alakran 120 mm con un “país extranjero”. Se trataba de la venta de 100 unidades de este sistema de mortero que irían montados en vehículos Toyota Land Cruiser serie 70 para los Guardias Fronterizos de Arabia Saudí, una unidad militarizada dependiente del Ministerio del Interior de este país.

Los datos disponibles muestran que al menos 21 unidades de “sistemas de artillería de gran calibre” (que encajan con los Alakran) se enviaron a Arabia Saudí en 2018. Esta información, cruzada con los datos de Aduanas para ese año y las visitas de los buques de la naviera saudí Bahri al puerto de Motril (en cuatro ocasiones a lo largo de 2018 y una en enero de 2019) indican que con casi total seguridad el puerto granadino fue el lugar de salida de los morteros rumbo al país árabe.

La población yemení lleva cinco años de sufrimiento agravado por los ataques de los bandos implicados en el conflicto. La guerra iniciada en marzo de 2015 acumula, según la ONU, la muerte de cerca de 8.000 civiles (cifra conservadora y alejada de la que manejan algunas organizaciones internacionales). Además, el bloqueo ha provocado que más de 20 millones de personas sufran inseguridad alimentaria (dos de cada tres habitantes) y que cuatro millones hayan tenido que abandonar sus hogares. La escasez de alimentos y agua potable ha provocado la propagación de enfermedades como el cólera y la llegada de la Covid-19 ha agravado la situación.

Cabe destacar la dificultad de este tipo de investigaciones, comenzando con el bloqueo al acceso a la información en España en este ámbito, dado que el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987 estableció el secreto de todas las actas de la JIMDDU. Esto pudo hacerse al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma franquista. Además, es el propio acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 el que utiliza el Gobierno actual para denegar las solicitudes de información sobre las licencias de exportación de armas concedidas y de dudosa legalidad. Tal es la falta de transparencia que incluso los términos del propio Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987 son secretos.

“Exigimos al Gobierno que cumpla el Tratado sobre el Comercio de Armas y la ley española que prohíbe la exportación de armas cuando se tenga conocimiento de que puedan ser usadas para en violaciones del derecho internacional y que revoque el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, el compromiso con la democracia y los derechos humanos no se demuestra con declaraciones, sino con hechos”, ha concluido Del Río.
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