La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania, arrestando a un sospechoso y realizando seis registros relacionados con un fraude fiscal de IVA que asciende a 5.8 millones de euros, vinculado a la venta de coches de lujo. Durante la investigación, se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes inmuebles y 40,000 euros en efectivo. La investigación, conocida como 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 tras hallazgos relacionados con la venta de vehículos usados por parte de concesionarios holandeses que manipulaban las reglas del IVA para evadir impuestos. El fraude ha permitido a los implicados obtener márgenes de beneficio más altos y causar competencia desleal en el mercado.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación en el Puerto de Amberes por sospechas de fraude aduanero, corrupción y falsificación de documentos. En esta operación, que se llevó a cabo el 20 de enero de 2026, se realizaron siete registros, se arrestaron a tres personas y se incautaron varias cuentas bancarias y efectivo. Se estima que la trama de fraude aduanero, en la que están implicados un funcionario de aduanas y dos gerentes de empresas, ha causado pérdidas en derechos de importación superiores a 11.3 millones de euros. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Administración General de Aduanas y Derechos Indirectos de Bélgica.
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo múltiples registros en Bragança, Portugal, como parte de una investigación sobre sospechas de fraude relacionadas con la construcción de una zona industrial financiada por la UE. Las operaciones incluyeron búsquedas en el ayuntamiento y en varias viviendas y empresas bajo investigación, vinculadas a proyectos que recibieron 3.4 millones de euros en fondos europeos. Se investigan posibles delitos como fraude de subvenciones, corrupción y violaciones de normativas urbanísticas. La investigación sigue su curso para determinar si se han cometido infracciones penales.
Una operación coordinada por Eurojust en La Haya ha resultado en la detención de diez criminales involucrados en el contrabando de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados, causando una pérdida fiscal estimada de 550 millones de euros. Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas desmantelaron esta red tras una investigación de cuatro años, que comenzó cuando tres contenedores con cigarrillos fueron descubiertos en Bélgica. Los cigarrillos, fabricados en Turquía e Irán, eran introducidos en la UE utilizando documentos marítimos falsificados. Durante las operaciones se realizaron arrestos en varios países y se incautaron dispositivos electrónicos y documentos relevantes.
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