Investigation

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania, arrestando a un sospechoso y realizando seis registros relacionados con un fraude fiscal de IVA que asciende a 5.8 millones de euros, vinculado a la venta de coches de lujo. Durante la investigación, se incautaron 40 vehículos valorados en 1.2 millones de euros, así como bienes inmuebles y 40,000 euros en efectivo. La investigación, conocida como 'Dutch Windmill', se inició en septiembre de 2024 tras hallazgos relacionados con la venta de vehículos usados por parte de concesionarios holandeses que manipulaban las reglas del IVA para evadir impuestos. El fraude ha permitido a los implicados obtener márgenes de beneficio más altos y causar competencia desleal en el mercado.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo múltiples registros en Bragança, Portugal, como parte de una investigación sobre sospechas de fraude relacionadas con la construcción de una zona industrial financiada por la UE. Las operaciones incluyeron búsquedas en el ayuntamiento y en varias viviendas y empresas bajo investigación, vinculadas a proyectos que recibieron 3.4 millones de euros en fondos europeos. Se investigan posibles delitos como fraude de subvenciones, corrupción y violaciones de normativas urbanísticas. La investigación sigue su curso para determinar si se han cometido infracciones penales.

Una operación coordinada por Eurojust en La Haya ha resultado en la detención de diez criminales involucrados en el contrabando de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados, causando una pérdida fiscal estimada de 550 millones de euros. Las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas desmantelaron esta red tras una investigación de cuatro años, que comenzó cuando tres contenedores con cigarrillos fueron descubiertos en Bélgica. Los cigarrillos, fabricados en Turquía e Irán, eran introducidos en la UE utilizando documentos marítimos falsificados. Durante las operaciones se realizaron arrestos en varios países y se incautaron dispositivos electrónicos y documentos relevantes.