En un fallo que alivia la presión judicial sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia absolutoria en la pieza separada conocida como 'proyecto Saving'. El tribunal considera que el encargo recibido del empresario José Moya para investigar irregularidades en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa fue una actuación estrictamente privada, sin abuso de funciones públicas. La Fiscalía había solicitado hasta 23 años de prisión para Villarejo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
Un conflicto inmobiliario millonario como telón de fondo
El caso se remonta a julio de 2011, cuando José Moya, un destacado empresario, contactó con Villarejo para resolver un litigio con la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa y su presidente, Fernando Martín. Moya había invertido aproximadamente 100 millones de euros en la adquisición de acciones que representaban alrededor del 5% del capital social de la compañía. Sin embargo, el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008 llevó a Martinsa-Fadesa a un concurso de acreedores, dejando a Moya en una posición precaria y con la necesidad de recuperar su inversión.
Ante esta situación, Moya encomendó a Villarejo y su socio, Rafael Redondo, la tarea de indagar posibles irregularidades en el proceso concursal. El objetivo era obtener información que pudiera servir como palanca en una negociación con Fernando Martín para recuperar al menos parte de lo invertido. El 'proyecto Saving', como se denominó la operación, implicó la obtención de datos sensibles, como el tráfico telefónico de personas vinculadas a la inversión y al procedimiento judicial de la inmobiliaria.
A través del entramado societario de Villarejo, el Grupo CENYT, se facturaron alrededor de 500.000 euros por estos servicios, pagados por una empresa controlada por Moya. La investigación se centró en perfiles clave relacionados con el caso, pero el tribunal ha enfatizado que todo se desarrolló en un ámbito privado, sin interferencia en las competencias policiales oficiales.
La sentencia: "Una actuación absolutamente privada"
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una sentencia de la que ha informado Europa Press, absuelve a Villarejo y Redondo de todos los cargos imputados: cohecho pasivo propio (en el caso del comisario, como funcionario público), descubrimiento y revelación de secretos a terceros, y falsedad en documento mercantil.
Los magistrados argumentan que no existe prueba de que Villarejo, entonces comisario adscrito a la Delegación de Asuntos Operativos (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, utilizara su cargo para acceder a la información. "No se ha probado, con el rigor que exige el proceso penal, cómo se accedió a dichos tráficos de llamadas. No se puede presumir, en contra del reo, que el comisario acusado, por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin", reza el fallo.
Respecto al cohecho, el tribunal descarta cualquier menoscabo a la Administración Pública: "Los hechos no acreditan que buscaran causar un menoscabo a la Administración en beneficio propio, sino conseguir unos intereses particulares lucrativos mediante la realización de una investigación privada". Los pagos recibidos se interpretan como una contraprestación legítima por servicios de inteligencia privada, similar a los ofrecidos por despachos especializados.
Sobre la falsedad documental, las facturas emitidas por CENYT –que alteraban conceptos por razones de confidencialidad– se consideran válidas, ya que reflejan servicios reales prestados en un contexto privado. "Las facturas obedecen a los servicios privados realmente prestados", concluye la sentencia.
La acusación fiscal y las defensas: posturas enfrentadas
La Fiscalía Anticorrupción había calificado la actuación de Villarejo como un claro abuso de su posición policial, solicitando 23 años y 6 meses de cárcel para él, y 18 años y 9 meses para Redondo. Según el Ministerio Público, el comisario "aprovechó su condición policial" para obtener datos sensibles, vulnerando la confidencialidad y el secreto profesional.
Por su parte, la defensa de Villarejo argumentó en el juicio que no existe "la más mínima prueba" de irregularidades y tildó la acusación de "construcción artificiosa". Insistieron en que se trató de una "actividad puramente privada", y justificaron los 500.000 euros cobrados como una tarifa razonable: "Puede parecer mucho, pero para recuperar un crédito de 100 millones de euros, a lo mejor parece muy poco. Está en la ley del mercado, si el cliente lo puede pagar".
Rafael Redondo, por su lado, defendió el trabajo como "brillante" y beneficioso para el cliente, que finalmente reconoció un crédito previamente perdido. "Se hizo un trabajo que fue brillante", afirmó su letrado, destacando el valor añadido de la investigación.
El peso de 'Tándem' sobre Villarejo: 24 años de condenas acumuladas
Esta absolución llega en un momento delicado para Villarejo, quien acumula ya 24 años de prisión en firme por otras piezas del macroproceso 'caso Tándem', que investiga su red de espionaje ilegal. En concreto, la Audiencia Nacional le impuso 13 años por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'; tres años adicionales por un encargo del Grupo Planeta para investigar a un árbitro en un laudo contra Kiss FM; y ocho años más por trabajos para Repsol y La Caixa.
El 'proyecto Saving' formaba parte de esta compleja trama, pero el tribunal ha optado por desvincularlo de las funciones públicas, aliviando así la carga penal del excomisario. La sentencia, notificada este miércoles, podría ser recurrida por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, lo que mantendría abierta la incertidumbre.
Este fallo reaviva el debate sobre los límites entre la investigación privada y el abuso de poder en España, especialmente en un contexto de crisis inmobiliaria que dejó tras de sí miles de inversores damnificados. Mientras tanto, José Moya logró recuperar parte de su inversión gracias a la información obtenida, aunque el precio ético y legal de tales métodos sigue en entredicho.
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