El Tribunal Regional de Praga, en Chequia, ha condenado a tres individuos y a tres empresas por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con subvenciones para investigación sobre nanobots. La sentencia se produjo tras una investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Praga.
El principal acusado, en complicidad con los otros implicados, presentó solicitudes de financiación para proyectos de investigación sin la intención de llevarlos a cabo. Durante el juicio, se demostró que había proporcionado documentación falsa para justificar las subvenciones, incluyendo evaluaciones de proyectos fabricadas, facturas y contratos falsificados, así como procedimientos de selección manipulados. Los fondos obtenidos fueron posteriormente lavados a través de empresas bajo su control.
Fraude millonario y gastos personales
El tribunal dictó sentencia conforme a la acusación, determinando que se utilizaron 17 proyectos para obtener fondos de manera fraudulenta, lo que causó un daño aproximado de 5,5 millones de euros a los presupuestos checo y europeo. Además, se descubrió un intento adicional de obtener 5 millones más. El tribunal concluyó que los flujos financieros estaban deliberadamente ocultos, evidenciando una clara intención de lavar los beneficios obtenidos.
Una parte significativa del dinero mal utilizado fue destinada al consumo personal e inversiones, destacando la compra de 8,000 trenes modelo por un valor cercano a los 600,000 euros (15 millones de CZK).
Consecuencias legales y apelaciones
El principal acusado fue sentenciado a ocho años de prisión y se le impuso una inhabilitación de siete años para ocupar cargos en la gestión de empresas comerciales. Además, deberá pagar compensación por los daños ocasionados. El tribunal también ordenó la confiscación de activos congelados, incluyendo la colección de trenes modelo.
Dos coacusados fueron condenados por complicidad en el fraude y recibieron sentencias suspendidas de tres años con cuatro años de prueba. Las empresas involucradas deberán renunciar a sus activos congelados y están prohibidas de solicitar futuras subvenciones. Se estima que el valor total de los activos a confiscar asciende a 2 millones de euros.
La sentencia aún no es definitiva y podría ser objeto de apelación.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Ministerio Público en la Unión Europea y es responsable de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
€5.5 millones |
Monto del fraude |
8 años |
Sentencia de prisión para el principal acusado |
€600,000 |
Valor de los trenes de modelo comprados con fondos mal utilizados |
€2 millones |
Valor total de los activos que deben ser confiscados |