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Sanidad

23/05/2025@13:18:00

Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por su responsabilidad en los protocolos que llevaron a más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos, lo que ha generado una nueva investigación tras una denuncia colectiva de familiares de víctimas. La citación se produce después de que el caso, archivado hace tres años, fuera reabierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia. Las organizaciones que apoyan a los denunciantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en las decisiones tomadas.

Un varón de 29 años resultó herido en un accidente ocurrido el 9 de febrero de 2025 en la carretera N-110, a la altura de Ojos Albos, Ávila. El incidente se produjo tras la salida de vía de su vehículo, lo que dejó al conductor atrapado. Los servicios de emergencia, incluyendo la Guardia Civil y los Bomberos de Ávila, respondieron rápidamente al aviso del 1-1-2. Una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico trasladaron al herido al hospital de Ávila para recibir atención médica. Este suceso resalta la importancia de la rápida respuesta ante emergencias en las carreteras.

La empresa farmacéutica Johnson & Johnson, fabricante de las tiras reactivas para la medición de la glucosa en sangre de los pacientes diabéticos, no informó a Platinum Equity de que en la sanidad española su producto estrella estaba siendo falsificado, por lo que las ventas del mismo habían caído a cifras ridículas. Así lo ha desvelado mil21, el periódico digital dirigido por Joaquín Abad.
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Las tiras reactivas para la medición de glucosa en sangre de la firma Johnson & Johnson que han sido falsificadas están vendiéndose en farmacias no sólo de la comunidad andaluza, tal y como ha desvelado mil21, el periódico digital dirigido por Joaquín Abad. También se ha detectado que se distribuyen en Canarias, Galicia y Valencia.

Tal y como desvela el confidencial mil21, el gobierno central y la Junta de Andalucía estarían aprovechándose de dudosas subastas farmacéuticas, sobre todo en lo referente a la legalidad, el origen y la calidad de los medicamentos seleccionados, lo que ha abierto el debate en torno al ahorro producido y el impacto que tiene la instauración de esta medida sobre el personal sanitario y los pacientes.