La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Portugal relacionados con proyectos de adquisición de tecnología para instituciones educativas públicas, financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La investigación, denominada Nexus, busca esclarecer irregularidades en los procedimientos de contratación pública, con cinco detenidos, incluido un funcionario público. Se han ejecutado medidas cautelares por 4.6 millones de euros para resarcir posibles daños al presupuesto de la UE. La EPPO investiga delitos como fraude, corrupción y abuso de poder en este caso que involucra a empresas del sector tecnológico.
