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public procurement

EPPO investiga un fraude de 7 millones de euros en contratos públicos en Rumanía

14/08/2026@18:38:29

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo 19 registros en Rumanía en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionado con proyectos de TI financiados por la UE, valorados en 7 millones de euros. La investigación abarca 29 proyectos bajo el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE, que incluyen servicios de consultoría y soluciones de infraestructura en la nube para autoridades locales. Se sospecha que una red criminal manipuló los procedimientos de contratación para favorecer a proveedores seleccionados, utilizando documentación similar entre diferentes empresas y presentando documentos falsos o incompletos durante las licitaciones. La EPPO realiza esta acción con el apoyo de diversas fuerzas policiales rumanas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales rumanos.

La EPPO investiga fraude en compras de hospitales en Letonia

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).

Escándalo en Bulgaria: Contratista acusado de robar 4.5 millones de euros en compra de trolleybuses eléctricos

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Sofía contra el gerente y propietario de una empresa, implicado en un fraude de 4.5 millones de euros relacionado con la adquisición de autobuses eléctricos para la municipalidad de Vratsa, Bulgaria. El proyecto, financiado por el Fondo de Cohesión Europeo, tenía como objetivo mejorar el transporte público y reducir la contaminación del aire. Se sospecha que el acusado declaró falsamente que los autobuses provenían de una empresa polaca, cuando en realidad fueron comprados a una compañía estatal bielorrusa sujeta a sanciones de la UE. Si es declarado culpable, enfrenta penas de prisión de dos a ocho años. La investigación fue iniciada tras una alerta privada, evidenciando deficiencias en la detección por parte de las autoridades nacionales.

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Escándalo en Chequia: Ocho detenidos en un fraude millonario que sacude la contratación pública

En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, la Policía Checa llevó a cabo 17 registros y arrestó a nueve personas en relación con un caso de fraude en la contratación pública y subsidios. La investigación se centra en manipulaciones en licitaciones públicas en la región de Pilsen, donde se sospecha que se defraudaron más de 250,000 euros de fondos de la UE. Las acusaciones incluyen fraude relacionado con la modernización de una cocina escolar y un proyecto de inversión significativo. Se han presentado cargos contra seis individuos y dos entidades legales. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Cuatro personas acusadas de fraude de 94,5 millones de euros en Bulgaria por sistemas ferroviarios

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, valorado en más de 94.5 millones de euros. Los acusados, incluidos dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, habrían proporcionado información falsa para obtener fondos europeos. Se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país a uno de ellos. La investigación revela que las empresas del consorcio no tenían la experiencia necesaria para ganar el contrato, lo que llevó a la firma del acuerdo bajo falsedades.