pacto de estado

La percepción del odio hacia la población LGTBI+ ha aumentado significativamente, según el informe "Estado del Odio 2026". Este estudio revela que desde 2024, la percepción de acoso público y discursos de odio ha crecido hasta 13 puntos porcentuales. El informe, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI+) y el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC), muestra que el 54% de las personas LGTBI+ han sufrido actos de odio en el último año. Además, se destaca que muchas víctimas experimentan múltiples episodios de odio, lo que sugiere un patrón preocupante. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, enfatiza la necesidad urgente de un Pacto de Estado para combatir estos discursos de odio y garantizar una protección efectiva para los grupos vulnerables.

El Gobierno español, a través de la ministra de Igualdad Ana Redondo, ha anunciado un paquete de medidas para incluir la violencia vicaria en el Código Penal. Esta propuesta busca modificar los artículos 39 y 48 para prevenir que los maltratadores hagan apología de sus actos. La ministra destacó el aumento alarmante de la violencia vicaria en España y mencionó el caso del libro 'El Odio', cuya publicación fue detenida tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de dos niños asesinados por su expareja José Bretón. Redondo subrayó que las víctimas de violencia vicaria son también víctimas de violencia de género y enfatizó la necesidad de proteger su dignidad. Las nuevas medidas están destinadas a impedir que los delincuentes tengan contacto con medios de comunicación o personas relacionadas con sus crímenes.

La Federación Estatal LGTBI+ ha solicitado urgentemente la aprobación de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio, ante el alarmante aumento de agresiones hacia este colectivo. Un informe revela que más de 800.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o verbalmente en el último año, y el 40% de los delitos de odio registrados en 2024 se debieron a la orientación sexual o identidad de género. La presidenta Paula Iglesias destaca la necesidad de una estrategia nacional con objetivos claros y recursos suficientes para combatir esta violencia y proteger a las víctimas.