La expulsión de palestinos en Jerusalén Oriental se intensifica, con un aumento significativo de desalojos y demoliciones, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las viviendas desalojadas a menudo son ocupadas por colonos israelíes o utilizadas para proyectos turísticos, lo que agrava la situación demográfica y territorial en áreas clave como el barrio de Silwan. Las decisiones del Tribunal Supremo israelí han cerrado casi todas las vías legales para los residentes palestinos, aumentando el riesgo de desplazamiento forzado. La expansión de asentamientos y nuevas infraestructuras están profundizando la segregación y aislando aún más a Jerusalén del resto de Cisjordania, violando derechos fundamentales y socavando la autodeterminación palestina.
Expertos de la ONU han denunciado que las restricciones impuestas por Israel a la ayuda humanitaria en los territorios palestinos violan el derecho internacional. Estas medidas, que incluyen la prohibición de operaciones de organizaciones vitales en Gaza, agravan las condiciones de vida de una población ya devastada. El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la entrada ilegal de autoridades israelíes en instalaciones sanitarias de la UNRWA y expresó su preocupación por el inminente corte de servicios básicos como electricidad y agua. Los expertos advierten que estas acciones constituyen un ataque sistemático contra la asistencia humanitaria y podrían ser consideradas genocidio, instando a la comunidad internacional a garantizar el acceso incondicional a ayuda humanitaria en Gaza.
UNRWA ha calificado de "indignante" la nueva ley aprobada por el Parlamento israelí que restringe sus operaciones, retirando su inmunidad diplomática y permitiendo la expropiación de propiedades en Jerusalén Oriental. Philippe Lazzarini, Comisionado General de UNRWA, denuncia que esta legislación socava el derecho internacional y representa un ataque directo al sistema multilateral. La ley prohíbe las operaciones de la agencia en Jerusalén y suspende el contacto con funcionarios israelíes, alegando vínculos con Hamás. Lazzarini advierte que esto sienta un grave precedente para la presencia de la ONU en conflictos globales y obstaculiza la asistencia a millones de refugiados palestinos.
Israel ha liberado a la exfiscal militar Yifat Tomer Yerushalmi, quien había filtrado un vídeo que documenta abusos a presos palestinos. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión, ya que desde el inicio del alto el fuego han fallecido más de 240 palestinos en Gaza por acciones israelíes. Además, Israel ha rechazado más de 100 solicitudes para proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos.
Israel bombardea una escuela de la UNRWA en Nuseirat, Gaza, a pesar del alto el fuego acordado con Hamas, resultando en la muerte de cuatro personas y varios heridos. La ONU condena el ataque y hace un llamado a las partes para que respeten sus compromisos y protejan a los civiles. Desde el inicio del conflicto, más de 800 personas han muerto en incidentes relacionados con instalaciones de la UNRWA. La situación humanitaria sigue siendo crítica, con esfuerzos para restaurar la educación y mejorar las condiciones sanitarias en Gaza.
La activista española Reyes Rigo ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Israel que le permitirá ser deportada a España. Rigo, única integrante española de la Global Sumud Flotilla aún retenida en el país, había sido acusada de agredir a una funcionaria israelí, un extremo que sus compañeros niegan. La familia de Rigo está en proceso de contactar a su abogado y pagar una multa para facilitar su regreso. Este acuerdo implica que Rigo admite una agresión leve en defensa propia.
Donald Trump ha prometido una reconstrucción de Gaza con un fuerte involucramiento de Estados Unidos, lo que ha suscitado críticas sobre sus verdaderas intenciones. Tras el acuerdo entre Israel y Hamás, que fue celebrado en ambas partes, Trump se presenta como el "presidente de la paz", aunque su historial muestra un apoyo constante a Netanyahu y a las acciones israelíes. La reconstrucción parece más un negocio inmobiliario que una verdadera ayuda humanitaria, con intereses económicos de su yerno en juego. Mientras tanto, miles de familias gazatíes siguen sufriendo las consecuencias del conflicto, dejando en el aire la pregunta de quién se encargará de reparar las vidas destrozadas por años de violencia.
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En 2025, se registró un aumento significativo en el número de ejecuciones a nivel mundial, a pesar de que la pena de muerte no demuestra ser efectiva para combatir el crimen. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió sobre la aplicación arbitraria y discriminatoria de este castigo, destacando que muchas ejecuciones se llevan a cabo por delitos menores, como los relacionados con drogas. Irán y Arabia Saudita lideran las cifras, con miles de ejecuciones, muchas de ellas por delitos no violentos. Además, se han propuesto legislaciones en Israel que podrían ampliar la pena capital para palestinos, lo que violaría derechos fundamentales. A pesar del panorama desalentador, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas hacia la reducción o abolición de la pena de muerte.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe que denuncia la segregación y discriminación sistemática de los palestinos por parte de Israel en Cisjordania, comparándola con un sistema de apartheid. El documento resalta el uso de dos sistemas legales distintos para colonos israelíes y palestinos, lo que resulta en un trato desigual en aspectos críticos como el acceso a recursos y movimiento. Se documenta un aumento de la violencia, detenciones arbitrarias y restricciones severas desde octubre de 2023. Además, se menciona la confiscación ilegal de recursos hídricos y la expansión continua de asentamientos israelíes. La ONU exige el fin de estas prácticas discriminatorias y el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Gaza enfrenta una grave crisis humanitaria, con más de 350 palestinos, incluidos niños, asesinados por Israel desde el alto el fuego hace dos meses. Un grupo de personalidades internacionales, conocido como los Elders, condena los ataques israelíes y advierte sobre la posible limpieza étnica en Gaza. La situación se agrava con 320.000 niños en riesgo de desnutrición aguda. Los Elders piden un diálogo constructivo y subrayan que la ocupación ilegal debe cesar para avanzar hacia una paz justa y duradera. Además, alertan sobre el aumento de la violencia en Cisjordania y Jerusalén Oriental, donde los desplazamientos forzados son cada vez más frecuentes.
El Ejército israelí ha reanudado las hostilidades en Gaza, causando la muerte de tres gazatíes en el barrio de Shakoush, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Las víctimas estaban recolectando leña cuando fueron atacadas, lo que representa una violación del alto el fuego previamente establecido. Este incidente resalta la continua tensión y violencia en la región.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó su compromiso de recuperar los cuerpos de rehenes fallecidos en Gaza y continuar la lucha contra el terrorismo. A pesar de la devolución de algunos cuerpos por Hamas, 19 siguen sin ser recuperados. Israel amenaza con restringir ayuda humanitaria en respuesta a la situación.
Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos, ha confirmado que el Ejército de Israel ha completado la primera fase de su retirada en Gaza y ha comenzado un periodo de 72 horas para liberar a los rehenes. Este desarrollo se produce en el contexto del acuerdo de paz en Gaza, marcando un avance significativo en la situación actual.
Reyes Rigo, la última española detenida en Israel como parte de la Global Sumud Flotilla, ha denunciado amenazas de muerte durante su comparecencia ante la justicia israelí, donde enfrenta acusaciones por morder a una funcionaria. Permanecerá en prisión al menos tres días más mientras se espera su próxima vista. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que los contactos con las autoridades israelíes son complicados y no hay claridad sobre su regreso a España. Además, se informó que otros ocho ciudadanos españoles retenidos seguirán un proceso similar para su deportación. Los servicios diplomáticos españoles están en contacto constante con las familias de los detenidos y trabajan para asegurar su liberación.
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