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El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación en el Puerto de Amberes por sospechas de fraude aduanero, corrupción y falsificación de documentos. En esta operación, que se llevó a cabo el 20 de enero de 2026, se realizaron siete registros, se arrestaron a tres personas y se incautaron varias cuentas bancarias y efectivo. Se estima que la trama de fraude aduanero, en la que están implicados un funcionario de aduanas y dos gerentes de empresas, ha causado pérdidas en derechos de importación superiores a 11.3 millones de euros. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Administración General de Aduanas y Derechos Indirectos de Bélgica.

Más de 2,400 contenedores de envío han sido incautados en el puerto de El Pireo, Grecia, en la mayor confiscación de contenedores en la historia de la UE, valorada en al menos 250 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra seis personas, incluidos dos funcionarios de aduanas, por su supuesta participación en redes criminales que introducían ilegalmente mercancías desde China, evadiendo derechos aduaneros y el IVA. La operación se llevó a cabo tras una redada coordinada a finales de junio de 2025, donde se arrestaron a diez sospechosos. Las investigaciones continúan mientras se inspeccionan los contenedores, muchos de los cuales contienen bicicletas eléctricas y textiles, revelando prácticas fraudulentas como la subdeclaración y la incorrecta valoración de las mercancías.

MUNDO INSÓLITO: En un fallo del Tribunal Regional de Ústí nad Labem, en Chequia, se ha condenado a la directora de un centro de atención para personas con discapacidad por fraude de subsidios. La acusación, presentada por la Fiscalía Europea, reveló que la directora utilizó fondos destinados a la compra de vehículos eléctricos para fines personales. Se le impuso una multa de aproximadamente 32,000 euros. Esta decisión es la primera en su tipo y está sujeta a apelación.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado investigaciones en Grecia sobre un presunto esquema de fraude organizado relacionado con subsidios agrícolas. Desde el 20 de mayo de 2025, se han llevado a cabo registros en Atenas y Creta, involucrando a funcionarios de la Agencia Griega de Pago y Control de Ayudas Comunitarias (OPEKEPE). Entre 2019 y 2022, varios individuos presentaron declaraciones falsas para obtener derechos de pago del Fondo Nacional, alegando ser nuevos agricultores y utilizando tierras públicas como si fueran privadas. La EPPO continúa su labor con el apoyo de la policía griega, mientras que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bucarest ha presentado una acusación contra un empresario rumano y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción, financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó apoyo financiero para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un cargo gubernamental relevante. Esto resultó en la obtención ilegal de aproximadamente 365,000 euros del presupuesto de la UE. Si es declarado culpable, podría enfrentar entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de activos adicionales por valor de más de 6 millones de euros en una investigación sobre un fraude fiscal de IVA que asciende a 42,8 millones. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo 16 registros y arrestó a dos sospechosos en varias provincias italianas. Se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con seis empresas involucradas. Este caso implica un esquema criminal que aprovechaba las reglas de exención del IVA en transacciones intracomunitarias, permitiendo la importación fraudulenta de más de 1,700 vehículos desde Alemania.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cuatro individuos en Bulgaria por fraude relacionado con beneficios de empleo destinados a personas con discapacidades. Las investigaciones revelaron que dos empresas fueron creadas únicamente para participar en un programa de la Unión Europea financiado por el Fondo Social Europeo, sin intención de ofrecer empleos reales. Los acusados falsificaron contrataciones y exigieron a los empleados ficticios que devolvieran parte de sus salarios en efectivo. Se estima que las empresas obtuvieron ilegalmente 42,621 euros. Si son hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos a ocho años.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.

En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, la Policía Checa llevó a cabo 17 registros y arrestó a nueve personas en relación con un caso de fraude en la contratación pública y subsidios. La investigación se centra en manipulaciones en licitaciones públicas en la región de Pilsen, donde se sospecha que se defraudaron más de 250,000 euros de fondos de la UE. Las acusaciones incluyen fraude relacionado con la modernización de una cocina escolar y un proyecto de inversión significativo. Se han presentado cargos contra seis individuos y dos entidades legales. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La Fiscalía Europea ha incautado 1.1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, que involucra a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos investigados por solicitar fondos del Fondo Agrícola Europeo mediante información falsa. La investigación, que se extendió entre 2022 y 2024, reveló la existencia de una asociación criminal que operaba con la complicidad de funcionarios públicos y contables. Se están llevando a cabo búsquedas para recolectar pruebas, incluyendo dispositivos electrónicos y documentos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal italiano.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Los acusados, involucrados en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT", causaron daños por aproximadamente 26 millones de euros al establecer empresas en varios países para comerciar productos electrónicos. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el otro fue sentenciado a cinco años y nueve meses. La investigación continúa con otros sospechosos bajo escrutinio.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Iași, Rumanía, ha presentado cargos contra seis personas, incluyendo cuatro individuos y dos empresas, por un fraude agravado de subsidios que asciende a 1.73 millones de euros relacionados con proyectos de sistemas de riego financiados por la UE. La investigación reveló manipulaciones en el procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa vinculada al gerente de la cooperativa agrícola que recibió los fondos. Se han incautado terrenos y congelado cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. Las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta 10.5 años de prisión y multas significativas.