Ayuntamiento

La jueza del Tribunal de Instancia de Santander ha imputado a dos funcionarios de la Demarcación de Costas por el derrumbe de la pasarela en la playa de El Bocal, que resultó en la muerte de seis personas. Se considera que esta administración es responsable del mantenimiento de la estructura, ya que las obras no estaban finalizadas y había indicios de negligencia en su conservación. La magistrada ha solicitado un informe pericial sobre el estado de la pasarela antes del accidente y ha indicado que el Ayuntamiento también tiene deberes en materia de seguridad pública. La investigación se centra en determinar si hubo fallos en el mantenimiento y si el deterioro era visible antes del colapso.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de prisión al exalcalde de Peguerinos, Luis A.E.H., por fraude, malversación, falsedad y prevaricación relacionados con la contratación de obras en una urbanización entre 2007 y 2008. Junto a otros acusados, se apoderó de 650.000 euros. También se ha impuesto una pena de cuatro años a su hermana, administradora de una empresa subcontratada. Un tercer acusado vio reducida su condena a 2 años y 10 meses. Los condenados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Peguerinos con más de 652.000 euros por los daños ocasionados.

Sin familia ni amigos, su ausencia pasó desapercibida hasta que un vaso obstruyó el desagüe y provocó inundaciones en el edificio. Los vecinos recordaron un fuerte hedor en 2014, pero pensaron que era por la suciedad de las palomas. A pesar de los servicios municipales para mayores, Antonio no estaba registrado en ellos. Su muerte se descubrió accidentalmente tras las lluvias recientes, dejando a la comunidad preocupada por posibles focos de infección y la necesidad de limpieza del lugar.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la sentencia que anula el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona sobre el eje verde de la calle Consell de Cent. La decisión, que desestima el recurso municipal, ratifica la resolución del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Barcelona, que exige modificar el Plan General Metropolitano para implementar este proyecto. Esta sentencia afecta especialmente al tramo entre las calles Casanova y Bruc, incluyendo la plaza en el cruce con Enric Granados.