Cuatro acusados en Rumanía por fraude de 2,2 millones de euros en fondos europeos para pastos

Cuatro personas, entre ellas tres funcionarios públicos, han sido acusadas ante el Tribunal del Condado de Timi? en Rumanía por su implicación en un esquema criminal que permitió la obtención fraudulenta de 2,2 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a pastos. La investigación fue llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Timi?oara.

Uno de los acusados es un criador de ovejas que posee una gran propiedad en Rumanía. Según los hallazgos de la investigación, este individuo estableció un plan delictivo para acceder a subsidios europeos para pastos que no cumplían con los requisitos necesarios, utilizando la colaboración de funcionarios públicos de la agencia pagadora del país.

Detalles del esquema fraudulento

Entre 2018 y 2023, el criador supuestamente empleó a trabajadores para identificar y arrendar pastos que no eran de su propiedad, registrándolos bajo los nombres de sus padres y una empresa que controlaba. Esto le permitió obtener fraudulentamente fondos europeos. Los funcionarios de la Agencia de Pagos e Intervención en Agricultura (APIA) del Centro del Condado de Hunedoara también están acusados de participar en este esquema.

Las solicitudes de subsidio presentadas incluían tierras que el acusado no poseía realmente, exagerando las dimensiones de las áreas elegibles e incluyendo terrenos forestales no aptos para financiación, todo ello con el apoyo de los funcionarios de APIA. Así, logró recibir aproximadamente 2,2 millones de euros (11,2 millones de RON) en fondos agrícolas europeos. Además, se había solicitado otro monto cercano a 1,59 millones de euros (7,9 millones de RON), aunque estos fondos no fueron entregados gracias a la diligente intervención del EPPO.

Consecuencias legales y compensación

Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre tres y diez años. Antes de estas acusaciones, cinco sospechosos adicionales habían llegado a acuerdos judiciales que ya fueron presentados al tribunal; entre ellos se encontraban dos funcionarios públicos que admitieron su culpabilidad.

Para compensar el daño causado al presupuesto europeo, se han confiscado 86 parcelas de terreno pertenecientes al principal acusado, valoradas en aproximadamente 170.000 euros (841.968 RON). Todos los involucrados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos.

La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea y tiene la responsabilidad fundamental de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.

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