Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver. Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineraciones que operan en la ciudad.
