El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros a Laura B., expresidenta del Parlament de Catalunya, por prevaricación y falsedad. La sentencia se debe a la adjudicación irregular de un contrato para desarrollar la web de la Institució de les Lletres Catalanes, valorado en 335.700 euros, a un conocido mediante 18 contratos menores. El tribunal rechazó la aplicación de la ley de Amnistía y desestimó los argumentos sobre la proporcionalidad de la pena, subrayando que su conducta se inscribe en un contexto de corrupción pública. La decisión del Supremo reafirma la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en las contrataciones públicas.
Un turista ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión por agredir sexualmente a su hijo menor en un apartamento de Valencia durante sus vacaciones. La Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia por un delito de agresión sexual con agravante de parentesco, además de imponerle una indemnización de 5,000 euros al menor por daños morales. El tribunal consideró probados los hechos basándose en el testimonio del niño y corroboraciones de otros testigos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de tres años de prisión a una mujer que agredió a otra con un vaso de cristal en una discoteca. La Audiencia de Salamanca consideró que la acusada cometió un delito de lesiones, causando deformidad a la víctima, quien sufrió heridas que requirieron cirugía. Además, se le impuso una indemnización de 9.364,72 euros y la prohibición de acercarse a la perjudicada durante cinco años. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a I.J.F. a 24 años de prisión por el asesinato con alevosía del novio de su exnovia en Jumilla, ocurrido el 1 de mayo de 2021. La sentencia, que también afecta a sus padres y un hermano menor, destaca la premeditación del crimen y la violencia vicaria involucrada. Además de la pena de prisión, se establecen prohibiciones de acercamiento y comunicación con la familia de la víctima durante 10 años, así como medidas de seguridad tras cumplir la condena. Los condenados deberán indemnizar a los familiares de la víctima con un total de 210.000 euros. La resolución no es firme y puede ser apelada.
La Audiencia Provincial de Balears ha condenado al empresario V.T.M., propietario de Cárnicas Vicente, a un año y once meses de prisión por vender carne en mal estado, constituyendo un delito contra la salud pública. Además, se le impone una inhabilitación especial para el comercio de alimentos durante cuatro años y una multa de dieciocho meses a Productos Cárnicos Mallorca 2011 S.L. El tribunal destaca la falta de higiene en las instalaciones y prácticas peligrosas que ponían en riesgo la salud del consumidor, como la re-etiquetación de productos caducados. La sentencia permite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la condena de cinco años de prisión a un hombre de 22 años por agredir y retener a su expareja, incumpliendo una orden de alejamiento. El joven fue hallado culpable de quebrantamiento de medida cautelar, detención ilegal y lesiones leves en el contexto de violencia de género. Los hechos ocurrieron tras la prohibición judicial de acercarse a la víctima, quien fue forzada a entrar en un vehículo y golpeada. La sentencia también incluye una indemnización de 2.000 euros a la víctima.
La sentencia, dictada tras una conformidad entre las partes, contempla las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. El hombre mantuvo relaciones sexuales con la víctima pese a que sabía que tenía 15 años.
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Un juzgado de A Coruña ha condenado a dos ganaderos de Melide a 17 meses de prisión por maltratar y dejar morir de inanición a 30 caballos. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 establece que los acusados mantuvieron a los animales en condiciones deplorables, sin alimentación ni agua, lo que resultó en la muerte de varios ejemplares. Las inspecciones del Seprona revelaron un estado de abandono extremo, con cadáveres visibles y falta de cuidados básicos. Además de la pena privativa de libertad, los ganaderos han sido inhabilitados para el cuidado de animales durante cuatro años. La Xunta se encargará de los caballos incautados.
Un hombre de 39 años ha sido condenado a 7 años y 9 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa y dos hijos en la comarca de Pamplona. La sentencia, emitida por la Audiencia de Navarra, detalla un patrón de violencia física y psicológica desde 2009, intensificándose desde el verano de 2022. El acusado deberá indemnizar a su esposa con 6.315 euros, a su hija con 18.000 euros y a su hijo con 6.000 euros. Los hechos incluyen una agresión grave en presencia de los niños, lo que llevó a la intervención familiar para solicitar ayuda. La resolución judicial considera múltiples delitos relacionados con el maltrato habitual y las amenazas, así como circunstancias atenuantes y agravantes en la conducta del condenado.
Un recluso ha sido condenado a tres años de prisión por introducir drogas en la cárcel de Cuenca tras regresar de un permiso penitenciario. La Audiencia Provincial lo declaró culpable de un delito contra la salud pública, imponiéndole además una multa de 120 euros. El acusado, con antecedentes penales, ocultó 0,75 kg de cocaína en un preservativo y la introdujo en la cisterna de su celda para su distribución. La sentencia es firme y no admite recurso.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 19 años y 3 meses de prisión a un hombre por el asesinato a tiros de otra persona en Palma del Río, Córdoba, en julio de 2019. La sentencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que argumentaba una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El jurado popular consideró probados los hechos, incluyendo la premeditación y el uso ilegal de armas. Además, el condenado deberá indemnizar a la familia de la víctima con más de 269.000 euros. Esta decisión aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena a cinco acusados de contrabando de tabaco, con penas que oscilan entre 2 años y 6 meses y 5 años de prisión. La sentencia ratifica las decisiones previas de la Audiencia Provincial, que impuso penas por delitos de contrabando y contra la propiedad industrial tras incautar más de tres millones de cajetillas de tabaco y una considerable cantidad de materia prima. Los condenados operaban en varias naves industriales en Navarra y Guipúzcoa, donde fabricaban cigarrillos sin autorización. La deuda tributaria no ingresada asciende a más de 51 millones de euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado una condena a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y a Aeromédica Canaria SLU por cesión ilegal de trabajadores. La sentencia reconoce a una técnico de educación especial como trabajadora de la Consejería, tras más de diez años encadenando contratos temporales. Se ordena el abono de 20.998,25 euros en diferencias salariales y se aplica el convenio colectivo correspondiente. El tribunal destaca que la trabajadora prestaba servicios en centros educativos bajo la dirección de la Consejería, lo que evidencia la cesión ilegal. Esta resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Para el tribunal, los hechos “tienen la gravedad suficiente para atentar contra la libertad de la denunciante y crearle un estado de desesperación y desasosiego”.
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