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Ley

La Federación LGTBI+ respalda la ley para penalizar las prácticas de conversión y pide su rápida votación

28/05/2026@15:50:07

La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca penalizar las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la importancia de modificar el Código Penal para castigar estas pseudoterapias con penas de prisión, ya que actualmente solo se sancionan con multas. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura, y la propuesta incluye un nuevo artículo en el Código Penal para castigar a quienes intenten modificar o negar la orientación sexual o identidad de género. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, la federación insiste en que aún queda trabajo por hacer para garantizar la igualdad real y proteger a las víctimas.

Noelia, la española más joven en optar por la eutanasia, rechaza ser un ejemplo

Noelia Castillo, con solo 25 años, se convertirá en la persona más joven en recibir la eutanasia en España, un derecho que ha estado luchando por ejercer durante dos años. A pesar de las dificultades y la oposición familiar, su solicitud fue aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Noelia ha dejado claro que no desea ser vista como un ejemplo a seguir y enfatiza que su decisión es personal, buscando poner fin a su sufrimiento. Es la sexta paciente psiquiátrica en acceder a la muerte digna en Cataluña desde la aprobación de esta ley en 2021.

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La Federación Estatal LGTBI+ respalda la ley asturiana y espera su rápida aprobación

La Federación Estatal LGTBI+ ha expresado su apoyo al anteproyecto de Ley LGTBI+ en Asturias, instando a su pronta aprobación. Este texto, desarrollado por diversas entidades locales, busca erradicar la discriminación y garantizar la igualdad de derechos para las personas LGTBI+ en ámbitos como la educación y la salud. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, enfatiza la importancia de contar con leyes autonómicas que refuercen los derechos humanos y advierte sobre retrocesos en otras comunidades. Actualmente, Asturias y Castilla y León son las únicas regiones sin una legislación específica en este ámbito.