27/04/2026@14:35:34
El teniente coronel Antonio Balas ha declarado ante el Tribunal Supremo que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desempeñó un "papel fundamental" en la organización criminal dirigida por Víctor de Aldama, implicada en el amaño de contratos de mascarillas. Balas afirmó que sin Ábalos, la trama no habría podido llevar a cabo sus actividades. Además, se destacó la capacidad de la organización para acceder a altos niveles administrativos y su uso de un lenguaje en clave para comunicarse. La UCO presentó ejemplos que evidencian la influencia y las conexiones de los acusados en diversas instancias gubernamentales.
La Audiencia Nacional continúa el juicio del caso Kitchen con la declaración de exdirigentes del PP, incluyendo a Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, así como a Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del partido. Durante su testimonio, Sáenz de Santamaría afirmó no tener conocimiento de ninguna operación relacionada durante su mandato. Este proceso judicial se centra en la trama que supuestamente buscaba desviar la atención sobre los escándalos de corrupción en el Partido Popular.
El juicio por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia ha tenido su última jornada, donde Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, ha comparecido ante el Supremo. Durante la sesión, se desvinculó a Begoña Gómez de las acusaciones y se rechazó la declaración de Francina Armengol como testigo. Este caso involucra a figuras destacadas como Ábalos y Koldo, quienes están en el banquillo de los acusados por amaños en la adjudicación de contratos.
Luis Bárcenas, extesorero del PP, ha realizado declaraciones contundentes en una entrevista previa al juicio por la operación Kitchen. Asegura que la cúpula del partido estaba al tanto de las acciones de espionaje en su contra, afirmando que "las casualidades no existen". Bárcenas, quien se encuentra en libertad condicional tras cumplir condena por el caso Gürtel, critica a sus excompañeros y plantea interrogantes sobre la implicación de altos cargos del Gobierno en esta operación. También relata un secuestro que sufrió junto a su familia, sugiriendo que fue orquestado por alguien con interés en su información económica. Su testimonio pone en duda la falta de conocimiento sobre la operación Kitchen por parte de los líderes del PP.
El escándalo del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha generado una gran conmoción tras la denuncia por presunta agresión sexual presentada por una subordinada. El 17 de marzo se llevará a cabo una declaración clave en la que el juez decidirá si otorga protección a la víctima o envía a González a prisión. En caso de juicio, el exDAO podría enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel por varios delitos, incluyendo agresión sexual y coacciones. La Policía ha nombrado a Gemma Barroso como nueva DAO interina mientras se lleva a cabo el proceso judicial. La defensa de González estará a cargo de Ignacio Fuster-Fabra, abogado especializado en delitos sexuales.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien deberá enfrentarse a juicio tras el rechazo de su recurso de apelación. González Amador está acusado de varios delitos fiscales, incluyendo defraudación a Hacienda por más de 350.000 euros mediante un entramado de facturas falsas. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y nueve meses de prisión, mientras que la acusación popular pide cinco años. Además, se encuentra bajo investigación en otro caso relacionado con corrupción y administración desleal.
Los tres acusados de la muerte de un joven de 22 años en A Coruña durante la Nochebuena de 2023 serán juzgados por asesinato. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 ha decretado la apertura de juicio oral, donde uno de los acusados será considerado autor material del delito, otro como cooperador necesario y el tercero como encubridor. Los hechos serán evaluados por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial, destacando la alevosía y el desvalimiento de la víctima como agravantes del caso.
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La declaración de Mariano Rajoy en el juicio del caso Kitchen ha generado controversia al afirmar que rompió su relación con Luis Bárcenas al conocer su fortuna oculta en Suiza, una afirmación que se ha demostrado falsa. A pesar de que la prensa ya informaba sobre el dinero de Bárcenas en enero de 2013, Rajoy continuó enviándole mensajes de apoyo. Además, su defensa sobre la operación policial para investigar a Bárcenas contradice las evidencias que apuntan a una estrategia desde el Ministerio del Interior para obtener información incriminatoria contra el Partido Popular.
El juicio del 'caso mascarillas' ha comenzado en el Tribunal Supremo, donde se juzga al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía solicita penas de hasta 24 años de prisión por delitos como cohecho y tráfico de influencias. Se investiga una trama que favoreció a la empresa de Aldama con contratos valorados en 53 millones, mientras que Ábalos habría recibido beneficios personales, incluyendo un chalet en Cádiz. Además, se examinan posibles enchufes laborales relacionados con Ábalos.
Gisèle Pelicot ha publicado sus memorias, 'Un himno a la vida', donde relata su experiencia de haber sido drogada y violada por su exmarido durante una década. En una reciente entrevista, Pelicot expresó su deseo de encontrarse con él para obtener respuestas sobre el daño que le causó. A pesar del sufrimiento, mantiene su apellido por razones familiares y para dar visibilidad a su historia. Además, ha instado a las mujeres víctimas de violencia sexual a no sentir vergüenza ni culpa, enfatizando la importancia de hablar y buscar apoyo. Su mensaje busca empoderar a otras mujeres y cambiar la narrativa sobre la victimización.
El Tribunal Supremo ha fijado una vistilla para el 6 de febrero en el caso que involucra a José Luis Ábalos y Koldo García, con un juicio que podría comenzar en abril, tras la Semana Santa. Durante esta audiencia preliminar se abordarán cuestiones como posibles conformidades o nulidades de actuaciones. La reunión del tribunal, encabezada por Andrés Martínez Arrieta, ha establecido este calendario de sesiones, aunque la fecha del juicio aún está por confirmar.
El juicio al asesino confeso de Morata de Tajuña, Dilawar Hussain, comenzará el 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid. Acusado de asesinar a tres hermanos en diciembre de 2023, la Fiscalía solicita 36 años de prisión por homicidio y quebrantamiento de condena. El crimen, motivado por una deuda económica, se caracterizó por su brutalidad y venganza. Durante el juicio, se evaluará la capacidad mental del acusado, quien presenta un diagnóstico de trastorno de personalidad. La vista se extenderá hasta el 31 de octubre, con testimonios clave que determinarán su culpabilidad. Hussain ya había sido condenado previamente por malos tratos a una de las víctimas y ha protagonizado episodios violentos en prisión.
Una madre neozelandesa, Hakyung Lee, ha sido declarada culpable del asesinato de sus dos hijos, Minu Jo y Yuna Jo, cuyos cuerpos fueron encontrados en maletas en 2022. El jurado del Tribunal Superior de Auckland determinó que los crímenes ocurrieron alrededor de julio de 2018. Durante el juicio, la defensa argumentó que Lee sufría un trastorno mental tras la muerte de su esposo en 2017, mientras que la fiscalía sostuvo que actuó con plena conciencia. El juez fijó la próxima audiencia para determinar la sentencia el 26 de noviembre. La investigación reveló que Lee había amenazado con suicidarse y matar a sus hijos antes del fallecimiento de su esposo.
Casi 50 familias han solicitado 12 años de prisión para una enfermera del ambulatorio de Kabieces en Santurtzi, Bizkaia, que no vacunó a 404 niños. El juicio comienza este lunes y las familias argumentan que la enfermera actuó "conscientemente" al rellenar las cartillas de vacunación sin haber administrado las vacunas. El abogado de las familias asegura que se probará la malversación de fondos públicos. La Fiscalía pedirá una condena de 7 años y medio por delitos de daños agravados y falsedad documental. Este caso ha generado gran preocupación sobre la salud infantil en la comunidad.
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