DANA

La Audiencia de Valencia ha confirmado la inadmisión de la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, relacionada con la gestión de la Dana. Además, se ha decidido excluir los daños materiales de la investigación. El tribunal también ratificó la exigencia de una fianza de 6.000 euros a la asociación Liberum para que pudiera ejercer acción popular y permitió que ciudadanos sin relación directa con las víctimas pudieran presentar acusaciones por daños materiales. Esta decisión refuerza el enfoque del tribunal sobre los aspectos legales de la causa penal.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica contra la inadmisión de las querellas y denuncias dirigidas al presidente de la Generalitat por su gestión durante la DANA. En su resolución, el TSJCV reafirma que los indicios presentados son insuficientes para justificar una investigación, a pesar de no descartar completamente el carácter delictivo de los hechos mencionados. La decisión se basa en la falta de pruebas suficientes para atribuir responsabilidades al aforado y en la complejidad del caso, que involucra múltiples instituciones y decisiones administrativas.

El Observatorio del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha revelado que el 30% de los discursos de odio registrados en noviembre en España estaban relacionados con la población migrante, en el contexto de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. Este fenómeno se asoció con actos vandálicos y un aumento de la hostilidad hacia colectivos específicos, como personas del norte de África y musulmanas. Además, se difundieron narrativas que estigmatizaban a estos grupos, acusándolos de aprovecharse de ayudas estatales. La monitorización también destacó un incremento en los contenidos de odio dirigidos a jóvenes no acompañados y el uso de imágenes y memes para propagar estas ideas. Las plataformas sociales retiraron un 14% de los mensajes denunciados, siendo Facebook la más activa en este sentido.

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana del 29 de octubre ha citado a declarar como investigados el 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé P.T., y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio A.T. Además, se han programado declaraciones como testigos para el 14 de abril con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar B., y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent M.A., así como para dos técnicos el 29 del mismo mes. La magistrada también ha rechazado una solicitud de la acusación popular ejercida por Acció.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la Dana. La decisión se basa en la falta de indicios suficientes para investigar al aforado, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aunque el TSJCV reconoce la gravedad de los hechos y las responsabilidades de las autoridades en situaciones de riesgo, concluye que no hay pruebas concretas que justifiquen su competencia. Los denunciantes pueden continuar con acciones penales en los Juzgados de Instrucción si lo desean.