La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Milán ha llevado a cabo una importante operación que resultó en la incautación de aproximadamente 20 millones de euros. Esta acción forma parte de una investigación en curso sobre un presunto fraude relacionado con el financiamiento del Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Los activos confiscados están vinculados a cinco empresas y se relacionan con dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por presunta estafa agravada que involucra fondos públicos y auto-lavado de dinero.
Según informes previos, la investigación se centra en un esquema fraudulento vinculado al Fondo Nuevas Competencias, donde se sospecha que se obtuvieron fondos europeos destinados a la capacitación laboral mediante actividades formativas ficticias. Los recientes avances han revelado que el alcance del fraude es significativamente más amplio de lo inicialmente identificado.
Hasta ahora, la EPPO ha notificado a 84 representantes legales de diversas empresas en Italia sobre su inclusión en las investigaciones por presunta estafa agravada que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
Se estima que el fraude podría ascender a aproximadamente 40 millones de euros, de los cuales alrededor de 33 millones provienen del financiamiento del RRF. La incautación se llevó a cabo tras identificar intentos de ocultar los ingresos sospechosos mediante transferencias significativas hacia cuentas bancarias y productos aseguradores.
Además, se cree que parte de estos fondos se invirtió en activos, incluidos bienes raíces. La investigación está siendo realizada por los Carabinieri del EPPO y la Unidad Operativa del Grupo de Protección Laboral de Milán.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente de la Unión Europea encargada de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €20 millones | Cantidad de dinero incautada por la EPPO |
| €40 millones | Estimación total del fraude sospechado |
| €33 millones | Parte del fraude proveniente del financiamiento del RRF |
| 84 | Número de representantes legales notificados sobre la investigación |
La EPPO ha confiscado alrededor de €20 millones en cuentas bancarias y pólizas de seguros vinculadas a cinco empresas, como parte de una investigación sobre un fraude sospechoso relacionado con el financiamiento del Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Se estima que el fraude sospechoso asciende a aproximadamente €40 millones, de los cuales alrededor de €33 millones provienen de fondos del RRF.
La EPPO ha notificado a 84 representantes legales de empresas en toda Italia que están siendo investigados por sospechas de fraude agravado que afecta los intereses financieros de la UE.
El fraude está vinculado al Fondo Nuevas Competencias, donde se sospecha que se obtuvieron fondos europeos destinados a la capacitación laboral basándose en actividades formativas ficticias.
Los activos fueron confiscados tras identificar intentos de ocultar los ingresos criminales mediante transferencias significativas a cuentas bancarias y productos de seguros. Se cree que parte de los ingresos también fue invertida en activos, incluidos bienes raíces.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.