La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Porto ha presentado cargos contra 15 sospechosos, incluidos cuatro funcionarios públicos, por su supuesta participación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas en Portugal. La acusación se centra en contratos públicos destinados a la adquisición de equipos informáticos y de ciberseguridad, donde los implicados habrían manipulado procedimientos de contratación para favorecer a ciertas empresas a cambio de beneficios privados. Se estima que la conducta fraudulenta causó daños superiores a 3.5 millones de euros a la Unión Europea. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.
EPPO acusa a 15 sospechosos por fraude en proyectos financiados por el RRF en instituciones educativas públicas
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Oporto ha presentado cargos contra 12 individuos, entre ellos cuatro funcionarios públicos, y tres empresas, por su supuesta implicación en un esquema de fraude relacionado con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) destinados a instituciones educativas públicas. Esta acción se deriva de una investigación conocida como Nexus.
La acusación fue formalizada el 11 de julio ante el Tribunal Central Criminal de Oporto, donde dos de los acusados se encuentran actualmente en prisión preventiva.
El caso involucra contratos públicos financiados por fondos del RRF para la adquisición de equipos informáticos y ciberseguridad por parte de una universidad pública y un grupo de escuelas secundarias. Según las pruebas recopiladas, los acusados formaron parte de un esquema criminal organizado que buscaba obtener información privilegiada sobre contratos públicos para asegurar la adjudicación de licitaciones. Los procedimientos de contratación fueron diseñados para satisfacer los intereses comerciales y técnicos del proveedor.
Este entramado incluía tanto a proveedores como a entidades adjudicadoras, contando con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos un vicerrector y varios profesores. Se les acusa de dirigir contratos hacia empresas favorecidas a cambio de beneficios privados.
Los contratos fueron otorgados a un grupo empresarial nacional y sus compañías asociadas, dedicadas a la importación y venta de hardware y software informático. Otras empresas están acusadas de haber participado en los procesos de contratación únicamente para dar la apariencia de competencia genuina.
Se estima que las acciones ilegales causaron un perjuicio superior a 3.5 millones de euros al presupuesto europeo. Además, la fraude incrementó los costos de adquisición, permitiendo al proveedor obtener ganancias significativamente mayores que las normalmente logradas por distribuidores e integradores de sistemas.
Si son hallados culpables, los acusados enfrentan penas que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión por fraude que afecta los intereses financieros de la UE, hasta cinco años por participación indebida en transacciones comerciales como funcionarios públicos y hasta tres años por abuso de poder.
Uno de los acusados podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, mientras que otro podría ser prohibido para ejercer funciones directivas en empresas privadas. En una fase anterior del proceso investigativo, se congelaron activos valorados en 1.3 millones de euros, destinados a compensar el daño estimado al presupuesto europeo.
Dicha investigación fue llevada a cabo con el apoyo de la Policía Judicial (PJ) a través de su Unidad Regional de Investigación sobre Corrupción del Norte.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes portugueses.
La EPPO actúa como el ministerio público independiente dentro de la Unión Europea, encargado de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 15 | Número total de sospechosos acusados |
| 12 | Número de individuos acusados (incluyendo 4 funcionarios públicos) |
| 3 | Número de empresas acusadas |
| €3.5 millones | Daño estimado causado a la UE debido al fraude |
| €1.3 millones | Valor de los activos congelados para compensar el daño estimado a la UE |
Se han acusado a 15 sospechosos, incluyendo 12 individuos y 3 empresas.
Entre los acusados se encuentran cuatro funcionarios públicos, incluyendo un vice-reitor y profesores universitarios.
El fraude involucra un esquema organizado para obtener información privilegiada sobre contratos públicos relacionados con proyectos financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para instituciones educativas públicas.
El daño estimado a la Unión Europea supera los 3.5 millones de euros.
Los acusados podrían enfrentar hasta ocho años de prisión por fraude, hasta cinco años por participación ilegal en transacciones comerciales como funcionarios públicos, y hasta tres años por abuso de poder.
En una fase anterior de la investigación, se congelaron activos por un valor de 1.3 millones de euros para compensar el daño estimado al presupuesto de la UE.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), en colaboración con la Policía Judicial de Portugal.