www.elcaso.net

Corruption

27/05/2025@11:43:51

La Fiscalía Europea ha incautado 1.1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, que involucra a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabinieri en Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos investigados por solicitar fondos del Fondo Agrícola Europeo mediante información falsa. La investigación, que se extendió entre 2022 y 2024, reveló la existencia de una asociación criminal que operaba con la complicidad de funcionarios públicos y contables. Se están llevando a cabo búsquedas para recolectar pruebas, incluyendo dispositivos electrónicos y documentos. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal italiano.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado investigaciones en Grecia sobre un presunto esquema de fraude organizado relacionado con subsidios agrícolas. Desde el 20 de mayo de 2025, se han llevado a cabo registros en Atenas y Creta, involucrando a funcionarios de la Agencia Griega de Pago y Control de Ayudas Comunitarias (OPEKEPE). Entre 2019 y 2022, varios individuos presentaron declaraciones falsas para obtener derechos de pago del Fondo Nacional, alegando ser nuevos agricultores y utilizando tierras públicas como si fueran privadas. La EPPO continúa su labor con el apoyo de la policía griega, mientras que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Para más detalles, visita el enlace.

  • 1

Seis personas, incluido el exalcalde de Beceni, han sido acusadas de fraude y corrupción en Rumanía por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El caso, que se presenta ante el Tribunal de Bucarest, involucra dos proyectos financiados por la UE para desarrollar campos deportivos y un centro multifuncional. Se alega que entre 2019 y 2021, el exalcalde presentó documentos falsos y recibió sobornos, obteniendo ilegalmente alrededor de 200,000 euros. Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y diez años. La EPPO investiga delitos contra los intereses financieros de la UE.