La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
