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Escándalo en Lituania: Ex funcionarios de aduanas condenados por un colosal contrabando de cigarrillos que costó millones

05/02/2026@01:15:13

El 4 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de Lituania confirmó las condenas de dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por un esquema de contrabando de grandes cantidades de cigarrillos desde Bielorrusia. La corte desestimó las apelaciones de los acusados y mantuvo la condena por abuso de poder. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que se contrabandearon más de tres millones de paquetes, causando daños estimados en 10 millones de euros. Además, se ordenó a los condenados reembolsar más de 9,7 millones de euros. Las multas impuestas fueron reducidas a aproximadamente 266,000 euros. Los condenados tienen tres meses para apelar ante el Tribunal Supremo de Lituania.

Más de 300 registros en Rumanía por fraude de subsidios europeos en apicultura

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Timișoara, Rumanía, llevó a cabo 307 registros en 15 condados relacionados con una investigación sobre un fraude de subsidios de la UE por 1.32 millones de euros en proyectos de apicultura. La pesquisa se centra en 388 solicitudes de pago presentadas a la Agencia Rumana para Pagos e Intervención en Agricultura (APIA) durante las campañas agrícolas de 2023 y 2024, donde se sospecha que se utilizaron documentos falsos para obtener subvenciones. Las autoridades creen que los solicitantes no poseían las colmenas ni el equipo necesarios, lo que podría haber resultado en la obtención ilegal de fondos públicos. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE. Para más información, visita el enlace.

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Cuatro personas acusadas de fraude de 94,5 millones de euros en Bulgaria por sistemas ferroviarios

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, valorado en más de 94.5 millones de euros. Los acusados, incluidos dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, habrían proporcionado información falsa para obtener fondos europeos. Se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país a uno de ellos. La investigación revela que las empresas del consorcio no tenían la experiencia necesaria para ganar el contrato, lo que llevó a la firma del acuerdo bajo falsedades.