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Alerta mundial: Récord de casi 2.000 muertes en ataques a la atención médica

Redacción | Jueves 22 de enero de 2026

Un nuevo informe revela que los ataques contra la atención médica en conflictos armados han alcanzado niveles récord, con un alarmante incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los Estados y otros actores beligerantes. En 2025, se registraron 1.348 ataques a instalaciones médicas, resultando en 1.981 muertes, un aumento significativo respecto al año anterior. Sudán fue el país más afectado, seguido de Myanmar y Palestina. El informe destaca una preocupante normalización de la impunidad y un cambio en la narrativa que justifica estos ataques, lo que pone en riesgo la vida de civiles y el acceso a atención médica esencial en zonas de conflicto.



Los ataques dirigidos a la atención médica en conflictos armados han alcanzado cifras alarmantes, según un reciente informe que revela el creciente incumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de las fuerzas beligerantes, incluidos los Estados. Este documento advierte sobre una peligrosa normalización de la impunidad en estos contextos.

El informe, titulado ‘La atención médica en el punto de mira’, se basa en datos recopilados de diversas bases de datos internacionales y en la experiencia directa de Médicos Sin Fronteras (MSF) en zonas de conflicto. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud reportó 1.348 ataques a instalaciones médicas, resultando en 1.981 muertes. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a las 944 muertes registradas en 2024, lo que pone de manifiesto el grave deterioro de la seguridad para el personal médico y los pacientes.

Cifras preocupantes en conflictos armados

Sudán se posicionó como el país más afectado, con 1.620 muertes, seguido por Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19. La situación es crítica, y el informe subraya que casi una década después de la aprobación de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condenaba estos ataques y exigía su cese, los Estados continúan incumpliendo sus obligaciones bajo el DIH.

A medida que se intensifican los conflictos, también aumenta la violencia contra las instalaciones sanitarias. En 2024, se documentaron 3.623 incidentes, un aumento del 15% respecto al año anterior y del 62% en comparación con 2022. Aproximadamente el 81% de estos incidentes fueron atribuidos a acciones estatales.

Cambio en la narrativa sobre los ataques a la atención médica

Nuestro análisis revela un cambio preocupante en cómo las partes beligerantes justifican sus acciones. Se ha pasado de hablar de “errores” a argumentar que las instalaciones médicas han “perdido su protección” bajo el DIH. Erik Laan, experto en incidencia política, señala que esta transformación refleja una priorización militar sobre la obligación fundamental de proteger a los civiles.

A menudo, las comunidades y las instalaciones sanitarias ahora deben demostrar que no son objetivos militares, lo cual altera drásticamente la carga de responsabilidad. Las obligaciones fundamentales como avisar antes de un ataque son frecuentemente ignoradas, lo que limita la capacidad de respuesta y evacuación ante situaciones críticas.

Llamado a reforzar el respeto al derecho internacional humanitario

A pesar del reconocimiento internacional sobre la importancia del DIH tras sucesos trágicos como el ataque al centro médico de Kunduz en Afganistán en 2015, donde murieron 42 personas, incluyendo personal médico, los ataques contra la atención médica siguen siendo comunes. Más de diez años después, es evidente que se necesita una acción decidida para revertir esta tendencia.

Laan enfatiza que es crucial que todos los Estados cumplan con sus obligaciones legales internacionales y establezcan mecanismos efectivos para garantizar la protección adecuada durante operaciones militares. Esto incluye aceptar investigaciones independientes sobre violaciones y compartir resultados transparentemente para fomentar una cultura de rendición de cuentas.

La situación actual exige un compromiso renovado por parte de todos los actores involucrados para asegurar que las normas internacionales sean respetadas y para proteger a quienes brindan asistencia vital en medio del caos bélico.

La noticia en cifras

Cifra Descripción
1,348 Total de ataques contra instalaciones médicas en 2025.
1,981 Muertes causadas por estos ataques en 2025.
944 Muertes registradas entre el personal médico y pacientes en 2024.
1,620 Personas asesinadas en Sudán debido a ataques contra la atención médica.

Preguntas sobre la noticia

¿Cuál es el nivel de ataques contra la atención médica en conflictos armados?

Los ataques contra la atención médica han alcanzado niveles récord, con un total de 1.348 ataques documentados en 2025, lo que resultó en la muerte de 1.981 personas.

¿Qué informe se menciona en la noticia?

El informe titulado ‘La atención médica en el punto de mira’ documenta el creciente incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de las partes beligerantes y alerta sobre la normalización de la impunidad.

¿Qué países fueron los más afectados por los ataques a la atención médica?

Sudán fue el país más afectado, seguido de Myanmar, Palestina, Siria y Ucrania.

¿Qué cambios se han observado en la narrativa respecto a los ataques a instalaciones médicas?

Se ha observado un cambio en la narrativa donde los ataques son justificados como una 'pérdida de protección' para las instalaciones médicas y el personal humanitario, priorizando necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles.

¿Qué responsabilidad tienen los Estados en estos ataques?

Aproximadamente el 81% de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales, lo que plantea retos específicos para la protección de la atención médica.

¿Qué medidas se sugieren para mejorar la protección del derecho internacional humanitario?

Se sugiere que los Estados deben cumplir con el derecho internacional, garantizar mecanismos adecuados para proteger la atención médica y rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes.

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