Expertos de la ONU han denunciado que las restricciones impuestas por Israel a la ayuda humanitaria en los territorios palestinos violan el derecho internacional. Estas medidas, que incluyen la prohibición de operaciones de organizaciones vitales en Gaza, agravan las condiciones de vida de una población ya devastada. El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la entrada ilegal de autoridades israelíes en instalaciones sanitarias de la UNRWA y expresó su preocupación por el inminente corte de servicios básicos como electricidad y agua. Los expertos advierten que estas acciones constituyen un ataque sistemático contra la asistencia humanitaria y podrían ser consideradas genocidio, instando a la comunidad internacional a garantizar el acceso incondicional a ayuda humanitaria en Gaza.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha expresado su enérgica condena ante la reciente entrada ilegal de autoridades israelíes en el Centro de Salud de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén. Este incidente, ocurrido el 12 de enero, también incluyó una orden de cierre temporal del centro, que atiende diariamente a cientos de pacientes refugiados palestinos y representa su única opción para acceder a atención primaria.
La acción se produce tras la incautación del complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y la aprobación por parte de la Knesset de una ley destinada a poner fin a las operaciones de la UNRWA en el territorio israelí. Guterres ya había manifestado su preocupación al primer ministro israelí el 8 de enero y había informado sobre estos eventos a la presidenta de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad.
Guterres también ha mostrado gran inquietud ante informes recibidos por parte de la UNRWA, que indican que las empresas de servicios públicos están a punto de suspender el suministro de electricidad y agua a varias instalaciones en Jerusalén Oriental ocupada. El Secretario General lamentó que las autoridades israelíes continúen adoptando medidas que son incompatibles con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Estas acciones constituyen una transgresión a la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, obstaculizando así el mandato claro establecido por la Asamblea General para mantener las operaciones de la UNRWA en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental. La Corte Internacional de Justicia ha confirmado recientemente que cualquier acción administrativa o legislativa contra propiedades y bienes de las Naciones Unidas está prohibida.
Ante esta situación alarmante, Guterres instó al gobierno israelí a tomar medidas inmediatas para devolver y restaurar el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah y el Centro de Salud, así como garantizar los servicios básicos en sus instalaciones. En otra comunicación, calificó como un paso importante el anuncio relacionado con una nueva fase del plan para Gaza propuesto por Donald Trump, destacando cualquier iniciativa que busque aliviar el sufrimiento civil.
El Secretario General reafirmó su apoyo al fin de la ocupación y a una solución basada en dos Estados conforme a las resoluciones internacionales.
A su vez, un grupo de expertos en derechos humanos vinculados a la ONU han denunciado que Israel ha suspendido decenas de organizaciones que proporcionan asistencia vital en los territorios palestinos ocupados. Esta suspensión es considerada una violación grave del derecho internacional. En una declaración conjunta, los expertos afirmaron que bloquear esta ayuda agrava las condiciones ya precarias que amenazan la vida palestina.
"Prohibir que organizaciones humanitarias operen en Gaza marca una nueva fase en una política que hace insoportable la vida para una población devastada", señalaron. Además, advirtieron que esta estrategia generará condiciones que obligarán a los palestinos a sufrir privaciones crónicas, comprometiendo su supervivencia como grupo y violando convenios internacionales sobre genocidio.
El 30 de diciembre pasado, Israel implementó una nueva “medida de seguridad nacional” prohibiendo a 37 ONG internacionales operar tanto en Gaza como en Cisjordania. Esta medida otorga amplios poderes discrecionales a las autoridades israelíes para denegar estatus legal a estas agencias si han apoyado procedimientos legales internacionales contra ciudadanos israelíes o participado en boicots.
Los expertos subrayaron que esta prohibición no es un acto aislado; más bien forma parte de un ataque sistemático contra operaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados. Los relatores explicaron que “los supervivientes del genocidio luchan contra el invierno, inseguridad alimentaria severa y colapsos en salud y educación”, todo ello agravado por daños ambientales causados por agresiones anteriores.
Añadieron que este castigo colectivo se impone junto con ataques continuos al personal humanitario y obstrucciones a convoyes asistenciales. Desde octubre de 2023, más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados por fuerzas israelíes, junto con al menos 1500 trabajadores sanitarios. La UNRWA ha sido uno de los principales objetivos durante estos ataques.
A pesar del contexto crítico, hasta finales del año pasado seguían bloqueados casi 50 millones de dólares destinados como ayuda vital debido a repetidas violaciones del alto el fuego y expansiones militares israelíes.
"Hemos entrado en una nueva fase donde Israel y sus aliados parecen haber llegado al genocidio sin testigos", afirmaron los expertos al referirse a los asesinatos y expulsiones sistemáticas de periodistas. Esta situación ha permitido cometer atrocidades sin supervisión pública efectiva.
A principios del mes pasado, agencias humanitarias solo pudieron entregar un número limitado de tiendas para refugiar a miles mientras muchos palestinos enfrentan condiciones invernales extremas. Expertos han declarado: "No quedan palabras para describir lo que se ha convertido Gaza", reiterando que Israel no tiene justificación legal para bloquear ayuda ni imponer requisitos coercitivos.
"La ocupación sigue siendo ilegal bajo el derecho internacional; descolonizar Palestina es esencial para remediar esta situación", añadieron.
Bajo este contexto crítico, instaron a todos los Estados con influencia a asegurar inmediata entrada incondicional de ayuda humanitaria hacia Gaza. "Es inaceptable que un Estado acusado formalmente mantenga bloqueos sobre asistencia vital", enfatizaron los expertos. También advirtieron sobre posibles responsabilidades legales para líderes estatales si no actúan para prevenir nuevos actos genocidas.
Poner fin a prácticas ilegales como apartheid sigue siendo crucial para alcanzar una paz duradera; así mismo es fundamental eliminar obstáculos al acceso humanitario seguro y continuo mediante corredores supervisados por la ONU.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 37 | Número de ONG internacionales prohibidas de operar en Gaza y Cisjordania. |
| 500 | Número de trabajadores humanitarios asesinados desde octubre de 2023. |
| 1500 | Número de trabajadores de la salud asesinados desde octubre de 2023. |
| 14,600 | Número de tiendas de campaña entregadas para 85,000 personas necesitadas. |
| 1.3 millones | Número de palestinos sin refugio adecuado para el invierno. |
El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó la entrada ilegal de las autoridades israelíes al Centro de Salud de la UNRWA en Jerusalén y la orden de su cierre temporal, resaltando que se trata de una propiedad de la ONU que atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos diariamente.
Guterres expresó su gran inquietud por la información de que las empresas de servicios públicos dejarán de suministrar electricidad y agua a varias instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Oriental ocupada, lo que afectaría gravemente a los servicios básicos para los refugiados palestinos.
Un grupo de expertos en derechos humanos afirmó que la suspensión por parte de Israel de asociaciones que brindan asistencia vital es una violación flagrante del derecho internacional, empeorando las condiciones para los palestinos y aumentando la posible responsabilidad penal de los gobernantes israelíes.
Israel anunció una nueva medida que prohíbe a 37 ONG internacionales operar en Gaza y Cisjordania, otorgando a las autoridades israelíes poderes discrecionales para denegar el estatus a esas agencias si han apoyado procedimientos legales internacionales contra ciudadanos israelíes o se han negado a definir a Israel como un Estado judío y democrático.
Los expertos mencionaron que los supervivientes del genocidio en Gaza enfrentan graves problemas como inseguridad alimentaria, desnutrición y colapso del sistema de salud, mientras que el acceso humanitario está siendo severamente restringido.
Se insta a los Estados, especialmente aquellos con influencia, a garantizar la entrada incondicional de ayuda humanitaria en Gaza y a trabajar para eliminar todos los obstáculos a la acción humanitaria.