En Cisjordania, la situación de violencia se complica debido a la creciente participación de colonos israelíes en el ejército, lo que dificulta distinguir entre la violencia estatal y la individual contra los palestinos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha informado sobre ataques coordinados en aldeas palestinas y un aumento en los desplazamientos forzados y confiscaciones de tierras. Estos actos han sido respaldados por el gobierno israelí, que busca expandir su control territorial. La ONU advierte que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional, mientras las comunidades palestinas enfrentan una amenaza constante de desalojo.
La situación en Cisjordania se torna cada vez más compleja, ya que miles de colonos israelíes han sido reclutados por el ejército israelí, lo que dificulta discernir entre la violencia estatal y la ejercida de manera individual contra los palestinos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alerta sobre un aumento en las agresiones, ya que con el respaldo del gobierno israelí, estos colonos buscan desplazar a las comunidades palestinas y apoderarse de sus tierras.
Recientemente, se registraron «ataques coordinados contra varias aldeas» en Ramala y Nablus. En Kafr Malik, tres palestinos fueron asesinados a tiros por soldados israelíes, y al menos seis personas resultaron heridas por munición real. Ajith Sunghay, jefe de la dependencia de derechos humanos de la ONU en los territorios ocupados, destacó que el ingreso masivo de colonos al ejército ha complicado la identificación de los responsables de estas agresiones.
“Desde el 7 de octubre de 2023, miles de colonos han sido incorporados al ejército israelí. Durante el día hay soldados y durante la noche, colonos. Nos encontramos en un punto donde resulta extremadamente difícil separar la violencia del Estado y la de los colonos”, explicó Sunghay.
El funcionario también subrayó cómo el gobierno israelí está aprovechando la atención mundial centrada en Gaza para llevar a cabo su agenda de expulsión de comunidades palestinas, buscando adquirir toda la tierra posible.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reafirmó estas preocupaciones, señalando que los palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, sufren un incremento en los desplazamientos forzados y confiscaciones de tierras. Las autoridades israelíes han intensificado sus esfuerzos para reubicar a numerosas personas de comunidades palestinas históricas.
El 18 de junio, el Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil Israelí emitió una directiva que rechaza todos los permisos de construcción solicitados por palestinos en Masafer Yatta, alegando que el ejército necesita esa zona para “entrenamiento militar”.
A lo largo de los últimos meses, Israel ha incrementado drásticamente las demoliciones de viviendas y las detenciones arbitrarias. Esto ocurre junto con un endurecimiento en las restricciones a la movilidad en Masafer Yatta y sus alrededores, con el objetivo claro de expulsar a la población palestina.
A su vez, colonos israelíes han llevado a cabo ataques diarios contra palestinos, incluidos ancianos y niños, como parte de una estrategia para obligarlos a abandonar sus hogares.
La reciente directiva del gobierno israelí podría facilitar el desalojo forzado de aproximadamente 1200 palestinos que residen allí desde hace décadas. Este acto constituiría un traslado forzoso considerado un crimen de guerra, advirtió la ONU. Asimismo, si se realiza como parte de un ataque sistemático contra una población civil, podría ser calificado como “un crimen de lesa humanidad”.
Según datos proporcionados por la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 6463 palestinos han sido desplazados por la fuerza debido a demoliciones entre el 7 de octubre y el 31 de mayo. Esta cifra no incluye a unos 40.000 desplazados provenientes de tres campos en Yenín y Tulkarem debido a operaciones militares intensas desde enero.
A medida que avanza esta crisis humanitaria, el Tribunal Supremo israelí aprobó recientemente el desalojo forzado de cinco familias palestinas del barrio Batn El Hawa en Silwan. Esta decisión se fundamenta en leyes discriminatorias que permiten a judíos reclamar propiedades perdidas durante la guerra de 1948 mientras niegan esos mismos derechos a los palestinos.
Además, se emitieron avisos para desalojar residencias en Umm Tuba bajo argumentos similares. La ONU ha denunciado repetidamente estos desalojos como parte integral de una campaña concertada del Estado israelí junto con organizaciones colonas, cuyo objetivo es apoderarse ilegalmente del territorio palestino.
Dichas acciones contravienen el derecho internacional, que prohíbe la confiscación arbitraria de propiedades en territorios ocupados, tal como fue señalado por la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia.
Cifra | Descripción |
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6463 | Palestinos desplazados por la fuerza tras demoliciones de sus hogares (7 octubre 2023 - 31 mayo 2025) |
40,000 | Palestinos desplazados de tres campos de refugiados en Yenín y Tulkarem debido a operaciones israelíes desde enero |
2200 | Palestinos desplazados por ataques de colonos y restricciones de acceso durante el mismo periodo |
La situación en Cisjordania es complicada, ya que se ha vuelto difícil distinguir entre la violencia ejercida por el Estado israelí y la de los colonos. Se han reportado ataques coordinados contra aldeas palestinas y un aumento en la violencia desde el reclutamiento de colonos por parte del ejército israelí.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha informado sobre ataques coordinados contra varias aldeas, donde soldados israelíes han asesinado a palestinos y herido a otros. También se ha destacado el apoyo del gobierno israelí para que los colonos expulsen a los palestinos de sus tierras.
Las autoridades israelíes han intensificado las demoliciones de viviendas, desplazamientos forzados y confiscaciones de tierras, así como restricciones de movimiento para las comunidades palestinas. Esto incluye directivas que rechazan permisos de construcción para palestinos.
Se estima que alrededor de 6463 palestinos han sido desplazados por la fuerza tras demolición de sus hogares desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2025, además de otros miles desplazados por ataques de colonos.
Las organizaciones internacionales, incluida la ONU, han denunciado estos desalojos como violaciones del derecho internacional y posibles crímenes de guerra, ya que constituyen un traslado forzoso y una campaña concertada para confiscar propiedades palestinas.