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Investigación en Bélgica por fraude en programa de formación de diplomáticos europeos

03/12/2025@14:35:05

MUNDO INSÓLITO: La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas y en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, como parte de una investigación sobre presuntos fraudes relacionados con un programa de formación financiado por la UE para diplomáticos junior. Se sospecha que hubo violaciones en el proceso de licitación, incluyendo la posible filtración de información confidencial a uno de los candidatos. Tres personas han sido detenidas y la investigación sigue su curso para determinar si se han cometido delitos como fraude en la contratación y corrupción.

Escándalo en Rumanía: La UE investiga un fraude de 54 millones en el aeropuerto de Sibiu

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía relacionada con un proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de Sibiu, financiado por la UE con 54 millones de euros. Se están realizando múltiples registros en el aeropuerto y el Consejo del Condado de Sibiu, así como en varias empresas y domicilios de personas implicadas. La investigación se centra en posibles irregularidades en el procedimiento de licitación y conflictos de interés, tras la adjudicación del contrato a un único postor que podría haber presentado información incorrecta sobre su capacidad para cumplir con los requisitos. Las autoridades continúan investigando para determinar si ha habido delitos.

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Tres nuevos condenados en fraude fiscal de €58 millones por venta de suministros de oficina

En una investigación del Fiscal Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres personas han sido condenadas por su participación en una organización criminal que vendía cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Esta operación, conocida como 'Cheap Ink', ha revelado un fraude masivo con ganancias estimadas en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión a los condenados. La investigación ha involucrado a más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. El EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE, ha logrado desmantelar esta red criminal mediante un modelo operativo eficiente y coordinado.