DANA

La jueza de Catarroja ha otorgado un plazo de un día a À Punt para que explique el retraso en la entrega de las grabaciones de la reunión del Cecopi, relacionada con la gestión de la DANA que causó 229 muertes. La magistrada había solicitado previamente estas grabaciones, pero la cadena no cumplió con el requerimiento en el tiempo estipulado. À Punt argumenta que la difusión de dicho material podría implicar responsabilidades penales. Sin embargo, la jueza sostiene que, al ser una entidad pública, debe colaborar con la investigación y facilitar el acceso a las grabaciones. Además, se han dictado otros autos relacionados con la investigación y solicitudes de información a diversas entidades sobre los servicios afectados por las riadas.

La DANA se ha convertido en la catástrofe más costosa de la historia de España, con un gasto del Gobierno que asciende a 4.800 millones de euros en su reconstrucción. Este fenómeno meteorológico, que afectó gravemente a Valencia el 29 de octubre, dejó un saldo trágico de 228 fallecidos y casi 250.000 siniestros declarados, incluyendo alrededor de 145.000 vehículos, 82.000 viviendas y 22.000 empresas dañadas. Las cifras superan los daños causados por eventos anteriores como el volcán de La Palma y el terremoto de Lorca. A pesar del gran número de solicitudes de indemnización que continúan llegando, más del 96% ya han sido tramitadas, lo que indica un avance significativo en la recuperación económica de la región.

La Audiencia de Valencia ha confirmado la inadmisión de la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, relacionada con la gestión de la Dana. Además, se ha decidido excluir los daños materiales de la investigación. El tribunal también ratificó la exigencia de una fianza de 6.000 euros a la asociación Liberum para que pudiera ejercer acción popular y permitió que ciudadanos sin relación directa con las víctimas pudieran presentar acusaciones por daños materiales. Esta decisión refuerza el enfoque del tribunal sobre los aspectos legales de la causa penal.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica contra la inadmisión de las querellas y denuncias dirigidas al presidente de la Generalitat por su gestión durante la DANA. En su resolución, el TSJCV reafirma que los indicios presentados son insuficientes para justificar una investigación, a pesar de no descartar completamente el carácter delictivo de los hechos mencionados. La decisión se basa en la falta de pruebas suficientes para atribuir responsabilidades al aforado y en la complejidad del caso, que involucra múltiples instituciones y decisiones administrativas.

El Observatorio del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha revelado que el 30% de los discursos de odio registrados en noviembre en España estaban relacionados con la población migrante, en el contexto de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. Este fenómeno se asoció con actos vandálicos y un aumento de la hostilidad hacia colectivos específicos, como personas del norte de África y musulmanas. Además, se difundieron narrativas que estigmatizaban a estos grupos, acusándolos de aprovecharse de ayudas estatales. La monitorización también destacó un incremento en los contenidos de odio dirigidos a jóvenes no acompañados y el uso de imágenes y memes para propagar estas ideas. Las plataformas sociales retiraron un 14% de los mensajes denunciados, siendo Facebook la más activa en este sentido.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga la muerte de 37 personas dependientes que utilizaban el servicio de teleasistencia de la Generalitat, fallecidas durante la DANA del 29 de octubre de 2024. La magistrada ha solicitado a la Vicepresidencia Primera del Consell y a la Conselleria de Servicios Sociales un listado con los datos personales de las víctimas y el expediente administrativo del servicio. También requiere información sobre las medidas preventivas adoptadas en caso de catástrofes naturales y copias de las órdenes y alertas enviadas a los usuarios durante el evento. Esta investigación busca esclarecer la gestión y respuesta ante la tragedia.

Rusia ha aprovechado la tragedia de la DANA en España para difundir bulos y desinformación, según un informe de Seguridad Nacional de 2024. Actores prorrusos crearon un "ecosistema de propaganda" que busca sembrar desconfianza en las instituciones españolas y promover una imagen de caos en el país. La desinformación se ha intensificado a través de redes sociales y el uso de inteligencia artificial, amplificando narrativas que deslegitiman el apoyo a Ucrania en medio de la crisis. Este informe destaca cómo Rusia ha utilizado eventos trágicos para sus fines propagandísticos.

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la Dana del 29 de octubre ha citado a declarar como investigados el 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé P.T., y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio A.T. Además, se han programado declaraciones como testigos para el 14 de abril con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar B., y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent M.A., así como para dos técnicos el 29 del mismo mes. La magistrada también ha rechazado una solicitud de la acusación popular ejercida por Acció.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha inadmitido las querellas y denuncias contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión durante la Dana. La decisión se basa en la falta de indicios suficientes para investigar al aforado, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aunque el TSJCV reconoce la gravedad de los hechos y las responsabilidades de las autoridades en situaciones de riesgo, concluye que no hay pruebas concretas que justifiquen su competencia. Los denunciantes pueden continuar con acciones penales en los Juzgados de Instrucción si lo desean.