La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Eslovaquia contra un individuo por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo forestal cofinanciado por la UE. En 2018, el sospechoso solicitó una subvención no reembolsable bajo el Programa de Desarrollo Rural de Eslovaquia, alegando ingresos ficticios del 100% provenientes de actividades forestales. Sin embargo, se descubrió que la empresa no generaba ingresos reales y que los contratos presentados eran falsos. El acusado adquirió maquinaria para el proyecto, pero nunca la utilizó, prestándola a otra empresa para actividades agrícolas. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y multas de hasta 3 millones de euros. La investigación fue apoyada por la Oficina de Lucha contra el Crimen Organizado.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación formal en el Tribunal Penal Especial de Eslovaquia contra un individuo por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo forestal, cofinanciado por la Unión Europea. Este caso se remonta a 2018, cuando el acusado, actuando en nombre de una empresa, solicitó una subvención no reembolsable a la Agencia de Pagos Agrícolas bajo el Programa de Desarrollo Rural de Eslovaquia (2014-2020).
La subvención estaba compuesta por un 75% (€144,479) aportado por la UE y un 25% (€48,159) proveniente del presupuesto estatal eslovaco. El objetivo principal del proyecto era mejorar la competitividad del sector forestal mediante la adquisición de maquinaria moderna.
Uno de los requisitos para la aprobación del proyecto era que al menos el 70% de los ingresos anuales provinieran de la producción forestal o la prestación de servicios relacionados. Sin embargo, el acusado afirmó que estos ingresos representaban el 100% de la facturación total de su empresa en 2017. Las investigaciones revelaron que, en realidad, la empresa no generaba ingresos durante ese período.
Además, se le acusa de haber presentado contratos ficticios para servicios prestados en el ámbito forestal y la recolección de madera, con el fin de demostrar que cumplía con los requisitos necesarios para ser beneficiario.
Tras obtener la subvención, el acusado adquirió maquinaria —un tractor forestal y sus accesorios— y presentó una solicitud de pago por un total de €192,639. No obstante, las indagaciones demostraron que nunca utilizó dicha maquinaria; esta fue prestada a otra empresa ubicada en la misma dirección y gestionada por un socio del acusado, quien la utilizó para actividades agrícolas en lugar de forestales.
Como resultado de estas acciones fraudulentas, se estima que se causó un daño económico ascendente a €192,639. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de prisión de hasta seis años y una multa que podría alcanzar los €3 millones.
La investigación fue respaldada por la Oficina para Combatir el Crimen Organizado del Cuerpo Policial Eslovaco. Es importante señalar que todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Eslovaquia.
La EPPO actúa como oficina independiente encargada de investigar y perseguir delitos que afecten los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Porcentaje cubierto por la UE en el proyecto | 75% |
| Monto cofinanciado por la UE | €144,479 |
| Monto proporcionado por el presupuesto estatal eslovaco | €48,159 |
| Monto total de la reclamación de pago presentada por el acusado | €192,639 |
| Daño estimado causado por el acusado | €192,639 |
| Posible pena de prisión si es declarado culpable | Hasta 6 años |
| Multa máxima posible si es declarado culpable | Hasta €3 millones |
La acusación fue presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava, Eslovaquia.
El sospechoso está acusado de fraude relacionado con un proyecto para desarrollar áreas forestales, cofinanciado por la UE.
El objetivo del proyecto era fortalecer la competitividad de la silvicultura mediante la compra de maquinaria moderna.
Una de las condiciones era que al menos el 70% de los ingresos anuales debían provenir de la producción forestal o servicios relacionados.
Se demostró que la empresa del acusado no tenía ingresos reales en 2017 y que presentó contratos ficticios para demostrar elegibilidad.
El comportamiento del acusado causó un daño estimado de €192,639.
Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de prisión de hasta seis años y una multa de hasta €3 millones.
La investigación fue apoyada por la Oficina para Combatir el Crimen Organizado de la Policía de Eslovaquia.
Todas las personas involucradas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes de Eslovaquia.