En 2025, se registró un aumento significativo en el número de ejecuciones a nivel mundial, a pesar de que la pena de muerte no demuestra ser efectiva para combatir el crimen. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió sobre la aplicación arbitraria y discriminatoria de este castigo, destacando que muchas ejecuciones se llevan a cabo por delitos menores, como los relacionados con drogas. Irán y Arabia Saudita lideran las cifras, con miles de ejecuciones, muchas de ellas por delitos no violentos. Además, se han propuesto legislaciones en Israel que podrían ampliar la pena capital para palestinos, lo que violaría derechos fundamentales. A pesar del panorama desalentador, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas hacia la reducción o abolición de la pena de muerte.
La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte ha sido un fenómeno creciente a nivel mundial en las últimas décadas. Sin embargo, en 2025 se observó un alarmante aumento en el número de ejecuciones, impulsado por la aplicación de esta condena en algunos países que aún mantienen este castigo en sus legislaciones.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación este lunes, especialmente por las sentencias de muerte impuestas en casos de delitos que no alcanzan el umbral de gravedad estipulado por el derecho internacional.
Volker Türk también denunció la ejecución continua de individuos condenados por delitos cometidos durante su minoría de edad, así como el secretismo que rodea estas acciones.
Según el Alto Comisionado, el incremento en las ejecuciones se debe principalmente al creciente número de condenas por delitos relacionados con drogas, los cuales no implican asesinato premeditado. Esto no solo contraviene el derecho internacional, sino que tampoco resulta efectivo para disuadir la criminalidad.
Las estadísticas proporcionadas por la Oficina de la ONU indican que en Irán se llevaron a cabo al menos 1500 ejecuciones en 2025, siendo el 47% de ellas relacionadas con delitos vinculados a drogas.
“La magnitud y frecuencia de estas ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena capital como herramienta de intimidación estatal, afectando desproporcionadamente a minorías y migrantes”, señaló Türk.
En Arabia Saudita, se registraron al menos 356 ejecuciones, superando el récord del año anterior. De estas, el 78% correspondieron a delitos relacionados con drogas. Este país reanudó sus ejecuciones en 2022.
"Al menos dos de los ejecutados en Arabia Saudita fueron condenados por crímenes cometidos cuando eran menores", destacó el Alto Comisionado, lo que plantea serias dudas sobre los derechos infantiles.
En Estados Unidos, 47 personas fueron ejecutadas en 2025, marcando la cifra más alta en 16 años. La introducción del gas letal como método de ejecución ha suscitado preocupaciones sobre posibles torturas o castigos crueles.
A pesar del avance hacia la abolición en muchos lugares, las ejecuciones públicas continúan en Afganistán, violando así normas internacionales. En abril del año pasado, cuatro individuos condenados por asesinato fueron ejecutados públicamente en estadios deportivos.
Somalia reportó 24 ejecuciones y Singapur 17. Mientras tanto, en China y Corea del Norte, estos procedimientos permanecen envueltos en un velo de secretismo que dificulta obtener cifras precisas.
Bielorrusia ha ampliado recientemente su catálogo de delitos sujetos a pena capital bajo nuevas leyes relacionadas con seguridad nacional y terrorismo.
En Israel, varias iniciativas legislativas buscan aumentar el uso de la pena de muerte, introduciendo disposiciones obligatorias exclusivamente aplicables a palestinos. El Alto Comisionado advirtió que esto violaría su derecho a un juicio justo y otras normas internacionales sobre derechos humanos.
Las ejecuciones realizadas por Hamas en Gaza también representan graves violaciones a los derechos humanos.
A pesar del aumento generalizado en las ejecuciones, Türk resaltó que varios países han tomado medidas positivas durante 2025.
Vietnam redujo el número de delitos castigados con pena capital. Por su parte, Pakistán abolió esta sanción para dos delitos no letales, manteniéndola para otros 29.
Zimbabue eliminó la pena de muerte para delitos comunes desde el 31 de diciembre de 2024 y Kenia inició una revisión legislativa sobre este castigo.
| País | Número de Ejecuciones | Detalles Adicionales |
|---|---|---|
| Irán | 1500 | 47% por delitos relacionados con drogas |
| Arabia Saudita | 356 | 78% por delitos relacionados con drogas; incluye menores de edad ejecutados |
| Estados Unidos | 47 | Cifra más alta en 16 años; uso de muerte por gas |
| Somalia | 24 | |
| Singapur | 17 |
El aumento se debe principalmente a un incremento en la aplicación de la pena de muerte en algunos países que aún mantienen este castigo, especialmente por delitos relacionados con drogas que no implican asesinato premeditado.
El Alto Comisionado advierte que la pena de muerte no es eficaz para combatir el crimen y puede llevar a la ejecución de personas inocentes. También señala su aplicación arbitraria y discriminatoria, así como el secretismo en torno a las ejecuciones.
Irán y Arabia Saudita son dos de los países que han registrado un aumento significativo en las ejecuciones, con Irán ejecutando al menos 1500 personas y Arabia Saudita superando las 356 ejecuciones.
A pesar del aumento generalizado, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas para reducir o abolir la pena de muerte para ciertos delitos, lo cual es un desarrollo positivo según el Alto Comisionado.
En Israel, hay propuestas legislativas que buscan ampliar el uso de la pena de muerte específicamente para palestinos, lo cual sería una violación del derecho a un juicio justo y otras leyes internacionales.