Entre abril y septiembre de 2025, los juzgados y tribunales españoles procesaron a 47 personas físicas por delitos de corrupción, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Durante este periodo, se concluyeron 10 procedimientos judiciales que resultaron en la apertura de juicio oral para un total de 54 acusados, incluyendo 7 entidades jurídicas. En el segundo trimestre se dictaron 19 sentencias, mientras que en el tercero se emitieron 15, con un porcentaje de condenas del 79,4%. La información refleja la lucha contra la corrupción pública, abarcando delitos como prevaricación y malversación.
Durante el segundo y tercer trimestre de 2025, los jueces españoles llevaron a cabo un total de 10 procedimientos relacionados con delitos de corrupción. En estos casos, se dictaron autos de apertura de juicio oral o procesamiento contra 54 personas, de las cuales 47 eran individuos y 7 entidades jurídicas. En el segundo trimestre, se concluyeron 7 procedimientos que involucraban únicamente a personas físicas, mientras que en el tercer trimestre se cerraron 3 procedimientos que afectaban a 20 individuos y 7 entidades.
Estos datos son parte del repositorio sobre corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido actualizado con información desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2025. Este informe también incluye un total de 34 sentencias dictadas durante este período: 19 en el segundo trimestre y 15 en el tercero.
El repositorio, accesible al público a través del sitio web www.poderjudicial.es, permite a los ciudadanos conocer las acciones judiciales en la lucha contra la corrupción mediante indicadores clave como el número de personas acusadas o procesadas, los procedimientos y las sentencias emitidas. Esta información se actualiza trimestralmente.
Los datos reflejados en este repositorio corresponden principalmente a la corrupción pública, que es considerada una de las preocupaciones más relevantes para la ciudadanía. Así, los procedimientos judiciales incluidos tienen como protagonistas a funcionarios públicos y políticos en ejercicio, centrándose en delitos que afectan al uso indebido de fondos públicos. Esto abarca tanto la corrupción administrativa como la política.
Los delitos asociados a la corrupción están contemplados en el Código Penal e incluyen infracciones como prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico (artículos 320 y 322), infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413-418), cohecho (artículos 419-422) y malversación (artículos 432-435), entre otros.