La jueza de Catarroja ha otorgado un plazo de un día a À Punt para que explique el retraso en la entrega de las grabaciones de la reunión del Cecopi, relacionada con la gestión de la DANA que causó 229 muertes. La magistrada había solicitado previamente estas grabaciones, pero la cadena no cumplió con el requerimiento en el tiempo estipulado. À Punt argumenta que la difusión de dicho material podría implicar responsabilidades penales. Sin embargo, la jueza sostiene que, al ser una entidad pública, debe colaborar con la investigación y facilitar el acceso a las grabaciones. Además, se han dictado otros autos relacionados con la investigación y solicitudes de información a diversas entidades sobre los servicios afectados por las riadas.
La jueza de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la DANA, ha otorgado un plazo de un día a la dirección de À Punt para que explique las razones del retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido correspondientes a la reunión del Cecopi, celebrada el 29 de octubre de 2024.
Esta decisión se detalla en una providencia a la que ha tenido acceso laSexta y que ya ha sido notificada a todas las partes involucradas. En el documento, se indica que, tras haber transcurrido un plazo de tres días sin que À Punt haya cumplido con el requerimiento para entregar dicho material, se le concede un día adicional para justificar el motivo del retraso.
En el auto emitido el pasado 18 de septiembre, la magistrada había solicitado tanto a À Punt como a Emergencias que proporcionaran las grabaciones de imagen y sonido relacionadas con la reunión del Cecopi en el día en que ocurrió la DANA, evento que dejó 229 víctimas mortales en la provincia.
La cadena pública había argumentado ante la jueza que estaba dispuesta a entregar los brutos del material grabado durante los días críticos, siempre y cuando se lo requirieran formalmente. Sin embargo, manifestaron su preocupación sobre posibles responsabilidades penales derivadas de una difusión voluntaria del contenido, afectando también a los trabajadores que registraron esa reunión.
La jueza consideró necesario ponderar varios factores en torno al acceso a las grabaciones. Entre ellos destacan el carácter público de À Punt, la existencia de un procedimiento penal y los intereses en conflicto. La magistrada subrayó que la grabación emitida por RTVE, que incluía audio sobre esa reunión, proporciona información veraz acerca de lo sucedido.
En su resolución, enfatizó que es esencial priorizar la cooperación con la investigación penal sobre cualquier intento de mantener oculto el audio. Por ello, dictaminó que las grabaciones pertenecientes a una entidad pública deben ser puestas a disposición del órgano judicial correspondiente.
Aparte de esta providencia, la jueza ha emitido tres autos adicionales. En uno de ellos, rechazó la solicitud de la acusación popular representada por el partido político Valores para citar como investigado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien recientemente compareció como testigo.
En otro auto, atendiendo una petición de Acció Cultural, se requiere información adicional relacionada con Les Corts y diversas instituciones sobre el servicio de teleasistencia y los usuarios fallecidos durante las riadas ocurridas el 29 de octubre de 2024.
Finalmente, el tercer auto deniega otras diligencias solicitadas por dicha representación legal.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1 | Día dado a À Punt para entregar las grabaciones |
| 3 | Días iniciales otorgados para la entrega de grabaciones |
| 229 | Víctimas mortales en la provincia debido a la DANA |
| 29 de octubre de 2024 | Fecha de la reunión del Cecopi cuya grabación se solicita |
La jueza de Catarroja ha dado un día a la dirección de À Punt para que explique las causas del retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024.
Las grabaciones son necesarias para investigar la gestión de la DANA, que provocó 229 víctimas mortales en la provincia. La jueza considera que el acceso a estas grabaciones es importante para el procedimiento penal en curso.
À Punt había indicado que entregaría los brutos del material grabado durante los días de la tragedia si se lo requería, pero manifestó preocupaciones sobre posibles responsabilidades penales por su difusión voluntaria.
La jueza ponderó el carácter público de À Punt, la existencia del procedimiento penal y los intereses en conflicto, concluyendo que las grabaciones debían ser puestas a disposición del órgano judicial para garantizar una información veraz sobre lo sucedido.
Además de requerir las grabaciones, ha denegado citar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar como investigado y ha solicitado información adicional relacionada con el servicio de teleasistencia y usuarios fallecidos durante las riadas.