Un hombre de 57 años ha sido detenido en Palafrugell, Cataluña, por presuntamente cometer 46 delitos relacionados con los derechos de ciudadanos extranjeros y falsificación de documentos. La investigación, llevada a cabo por los Mossos d'Esquadra y la Policía Local, reveló una trama que involucraba la creación de contratos de alquiler fraudulentos para facilitar empadronamientos ilegales y reagrupaciones familiares. Se han detectado al menos 30 casos de reagrupamiento familiar fraudulento desde 2020, lo que representa un perjuicio económico significativo para la Administración Pública. La operación ha llevado a la detención de 15 personas más y se sospecha que el detenido cobraba entre 300 y 500 euros mensuales a propietarios vulnerables para simular contratos de alquiler. La investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos.
La Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Policía Local de Palafrugell, ha llevado a cabo la detención de un hombre de 57 años, acusado de ser el presunto autor de un total de 46 delitos. De estos, 23 se relacionan con los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros 23 por falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles.
La investigación ha revelado la implicación de treinta personas adicionales, con 15 detenidos y otras tantas bajo investigación por falsificación de documentos, específicamente por alterar contratos de alquiler. Este operativo conjunto ha permitido desentrañar una serie de delitos vinculados a los requisitos necesarios para solicitar reagrupaciones familiares por parte de ciudadanos extranjeros, que se han llevado a cabo mediante falsificaciones documentales.
Los hechos comenzaron hace más de un año cuando la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Palafrugell detectó irregularidades en los procedimientos para obtener empadronamientos. La alerta inicial surgió tras la denuncia de una mujer que afirmaba que habían realizado un contrato de alquiler sobre un piso que pertenecía a su difunto marido.
A partir de esta denuncia y otras irregularidades observadas, como el empadronamiento simultáneo de múltiples personas en las mismas viviendas que solicitaban reagrupaciones familiares, se formó una comisión dedicada a investigar estas prácticas fraudulentas. Esta comisión incluye representantes del Ayuntamiento, la Policía Local y la Unidad de Investigación de los Mossos.
La investigación conjunta ha estado en curso desde 2020 y ha señalado al copropietario y administrador de una gestoria como el principal sospechoso detrás del entramado fraudulento. A pesar de que esta empresa no estaba registrada como negocio inmobiliario y había cesado sus actividades en 2023, el detenido utilizaba sus contactos laborales para llevar a cabo sus operaciones ilegales.
Se revisaron todos los casos de reagrupamiento familiar entre 2020 y 2024, identificando 30 expedientes fraudulentos, cada uno relacionado con uno o más solicitantes, frecuentemente involucrando a cuatro o más familiares. Se investigaron 16 domicilios, donde se utilizaron contratos falsificados para realizar empadronamientos ilegales.
El detenido aprovechaba su extensa cartera de clientes desde la creación de su empresa en 2009 para elaborar contratos ficticios. Los investigadores encontraron ejemplos donde se alquilaban propiedades que estaban realmente a la venta sin el conocimiento del propietario. En algunos casos, incluso se registraron contratos sobre casas heredadas o propiedades ocupadas por ancianos en residencias.
A través del proceso legal para obtener reagrupamientos familiares, los solicitantes debían cumplir ciertos requisitos como tener un Número de Identidad Extranjero (NIE) y demostrar ingresos suficientes. Sin embargo, se utilizaban contratos falsos por parte de individuos que nunca habían vivido realmente en las viviendas para evadir estos requisitos legales.
El detenido localizaba a personas en situación económica vulnerable, ofreciéndoles entre 300 y 500 euros mensuales a cambio del empadronamiento ficticio. Además, cobraba grandes sumas por asesorarles en el proceso migratorio y facilitarles la llegada ilegal de sus familias desde sus países originarios.
Se estima que los interesados no comunitarios podrían haber pagado hasta 6.000 euros por familia para tramitar fraudulentamente su reagrupamiento familiar. Esta actividad delictiva representa un grave perjuicio económico para las administraciones públicas debido al uso indebido de ayudas sociales.
A lo largo del año, la Unidad de Investigación ha detenido e investigado a treinta personas por delitos relacionados con la falsificación documental. El 29 de julio también fue investigada una mujer propietaria de otra gestoria en Palafrugell por varios delitos contra los derechos ciudadanos extranjeros.
La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones ni verificaciones sobre contratos laborales fraudulentos y ayudas obtenidas ilícitamente. El arrestado fue puesto a disposición judicial el 31 de julio ante el juzgado correspondiente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 46 | Delitos cometidos por el detenido. |
| 30 | Personas implicadas en la investigación. |
| 15 | Detenidos durante la investigación. |
| 6,000 | Euros pagados por familia para obtener reagrupamiento familiar fraudulento. |
El detenido es presunto autor de veintitrés delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y veintitrés delitos más por falsificación de documento público, oficial o mercantil.
En la investigación hay treinta personas más implicadas, siendo 15 detenidas y 15 más investigadas por los delitos de falsificación de documento público.
Las irregularidades fueron detectadas inicialmente por la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Palafrugell, que recibió una denuncia sobre un contrato de alquiler fraudulento relacionado con un piso cuyo propietario había fallecido.
Se utilizaban falsos contratos de alquiler para esquivar y falsejar los requisitos legales necesarios para obtener reagrupamientos familiares, permitiendo a personas inmigrantes empadronarse sin haber vivido realmente en esos domicilios.
El detenido localizaba personas en situación de vulnerabilidad económica y les proponía recibir dinero a cambio de permitir que se empadronaran inmigrantes en sus domicilios, simulando contratos de alquiler formales.
Esta actividad representa un perjuicio económico para la Administración Pública, ya que las personas beneficiarias de la regularización ilegal se han aprovechado de ayudas y prestaciones económicas y sociales.