La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) realizar una serie de registros en Biella, como parte de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) destinados a Italia. Esta operación tuvo lugar el 17 de julio y se centra en un grupo criminal organizado que supuestamente ha defraudado los presupuestos públicos mediante la obtención fraudulenta de estos fondos europeos.
Según las indagaciones, los sospechosos, que incluyen asesores fiscales y centros de servicios contables operando en varias regiones italianas, habrían creado empresas ficticias utilizando nombres de testaferros. Además, habrían falsificado las cuentas de estas compañías para acceder a financiamiento público y beneficios fiscales relacionados con obras de eficiencia energética que nunca se llevaron a cabo.
En total, 35 individuos y 16 empresas están siendo investigados por su supuesta participación en esta organización criminal, así como por fraude agravado contra el Estado italiano, fraude contable y fiscal. Un juez del Tribunal de Bolonia ha ordenado la incautación de 3.3 millones de euros, que se consideran los posibles beneficios obtenidos a través de estas actividades delictivas.
Durante los registros realizados en provincias como Arezzo, Empoli, Fermo, Florencia, Bolonia, Pesaro, Perugia, Prato, Roma, Turín, Verona y Vicenza, se ejecutaron 18 órdenes para asegurar pruebas relevantes, incluyendo documentos fiscales y contratos. Se han confiscado fondos en cuentas bancarias italianas pertenecientes a cuatro sospechosos que suman un total de 3.385.986 euros. Si estos fondos resultan insuficientes para cubrir las pérdidas estimadas, se procederá a la incautación de otros activos como bienes inmuebles y vehículos.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes en Italia.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea y tiene la responsabilidad de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €3.3 millones | Seizure amount in investigation |
| 35 | Individuals under investigation |
| 16 | Companies under investigation |
| €3,385,986 | Total funds seized from bank accounts |
La EPPO, o Oficina del Fiscal Público Europeo, es la oficina de fiscalía pública independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE.
Se incautaron €3.3 millones, que corresponden a los supuestos beneficios obtenidos a partir de fraudes relacionados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) de la UE.
Un total de 35 individuos y 16 empresas están siendo investigados por su supuesta participación en una organización criminal, fraude agravado contra el Estado italiano, así como fraude contable y fiscal.
La investigación se centra en un grupo criminal organizado que presuntamente defraudó presupuestos públicos al obtener fraudulentamente fondos del RRF y reclamar créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética.
Se ejecutaron 18 órdenes en diversas provincias italianas para asegurar evidencia, incluyendo documentos fiscales y contratos. También se congelaron fondos en cuentas bancarias italianas pertenecientes a cuatro sospechosos.