La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación contra cuatro individuos, incluido un exfuncionario público de Croacia, por fraude en subsidios agrícolas y abuso de poder. Se les acusa de inflar el tamaño de sus granjas familiares para obtener indebidamente aproximadamente 77,000 euros del Fondo Agrícola Europeo. Durante la investigación, se reveló que el exfuncionario utilizó las credenciales de otro empleado para ingresar datos falsos en el sistema. Hasta ahora, los acusados han devuelto parte del dinero defraudado. Todos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales croatas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación formal contra cuatro individuos, entre ellos un exfuncionario público, por fraude relacionado con subsidios agrícolas y abuso de poder. Este exfuncionario trabajaba para la Agencia de Pagos de Croacia en el área de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural durante el periodo en que se llevaron a cabo las actividades fraudulentas.
La investigación reveló que utilizó las credenciales de otro empleado de la agencia para ingresar datos falsos al sistema. Esto incluía exagerar el tamaño de las granjas familiares que poseía, junto con los otros tres sospechosos, lo que infló el área agrícola presentada como elegible para recibir subsidios del Fondo Agrícola Europeo (EAGF).
Con base en las pruebas recopiladas, los cuatro acusados presentaron solicitudes de apoyo financiero durante los años 2020, 2021 y 2022, afirmando erróneamente que estaban llevando a cabo actividades agrícolas en áreas más grandes de las que realmente poseían. Como resultado, recibieron aproximadamente 77,000 euros del EAGF, una cantidad superior a la que les correspondía.
Hasta el momento, los acusados han devuelto parte del daño causado, totalizando 42,455 euros. Es importante señalar que todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes de Croacia.
La EPPO es la oficina pública de fiscalía independiente de la Unión Europea y tiene la responsabilidad de investigar y procesar delitos que afecten los intereses financieros del bloque europeo.