Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cambiado su postura respecto a la justicia tras recibir un varapalo judicial que afecta a su entorno. A pesar de haber defendido públicamente el respeto hacia los jueces, ahora critica sus decisiones cuando estas no le favorecen. La situación se agrava con la propuesta de juzgar a su pareja y la imputación de ex altos cargos por los 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia. Este giro en su discurso ha generado controversia y cuestionamientos sobre su compromiso con el Estado de Derecho.
La segunda imputación de miembros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, relacionada con los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia, representa un significativo revés judicial para la presidenta de la Comunidad de Madrid. A lo largo de su carrera política, Ayuso ha defendido con vehemencia el respeto a los jueces, criticando a aquellos que no lo hacían. Sin embargo, ahora que las decisiones judiciales no le son favorables, como la propuesta de juzgar a su pareja, el empresario Alberto González Amador, su postura parece haber cambiado.
En julio de 2024, el juez Juan Carlos Peinado citó a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con un caso que involucra a su esposa, Begoña Gómez. Esta decisión provocó una fuerte reacción en el Ejecutivo, donde el ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó el proceso como "una persecución política despiadada". La respuesta de Ayuso fue inmediata; consideró "inaudito" y "grave" el ataque del Gobierno hacia la independencia judicial.
A medida que avanzaba el año, las críticas hacia el Ejecutivo se mantuvieron. Durante la apertura del curso político en septiembre, Ayuso expresó su "esperanza" en que la nueva presidenta del Tribunal Supremo defendiera a los jueces que enfrentan ataques por cumplir con su deber. En diciembre de 2024, ante la condena a Eduardo Zaplana, Ayuso insistió en que no era quien para juzgar a los jueces, aunque también expresó su preocupación por una supuesta vulneración de la presunción de inocencia.
Desde su entorno gubernamental, incluido su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se ha mantenido una línea similar. Este último compareció como testigo ante el Tribunal Supremo en un caso relacionado con el fiscal general del Estado y subrayó que García Ortiz debía ser "juzgado y condenado de manera ejemplar", destacando así la importancia del magistrado.
No obstante, las circunstancias han comenzado a cambiar. La primera imputación de miembros de su Ejecutivo por las muertes en residencias durante la pandemia marcó un punto crítico. El cambio arbitrario de la Fiscalía reabriendo este asunto fue calificado por Ayuso como un ataque injustificado; sin embargo, se trataba realmente de una nueva denuncia y no del rescate de una causa archivada.
Las críticas hacia el Ministerio Público han sido constantes desde entonces. Recientemente, tras la proposición de juzgar a González Amador, desde su Gobierno argumentaron que esto dejaba al empresario "en un estado de indefensión", cuestionando además las decisiones tomadas por la jueza Inmaculada Iglesias.
Respecto a la segunda imputación a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, sus allegados han optado por remitir a las declaraciones recientes de Ayuso. En este contexto, sugieren que Iglesias parece haber tomado decisiones motivadas por intereses personales al acercarse su jubilación.
La noticia aborda cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cambiado su discurso respecto al respeto a los jueces tras enfrentar un varapalo judicial que afecta a su entorno, incluyendo a su pareja y ex altos cargos imputados.
La segunda imputación se refiere a miembros del Gobierno de Ayuso por los 'protocolos de la vergüenza' durante la pandemia, lo que representa un golpe significativo para su administración y contradice sus declaraciones previas sobre el respeto a la justicia.
Ayuso ha comenzado a criticar las decisiones judiciales que no le favorecen, sugiriendo una falta de imparcialidad y cuestionando a los jueces involucrados en los casos relacionados con su entorno.
Ayuso, quien anteriormente defendía firmemente el Estado de Derecho y el trabajo de los jueces, ahora parece adoptar una postura más crítica cuando las decisiones judiciales afectan negativamente a su círculo cercano.
A pesar de sus críticas recientes, Ayuso había declarado anteriormente que no se atreverían a amedrentar a los jueces y defendía su papel en la justicia. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con sus reacciones actuales ante las imputaciones.