Un juez ha imputado por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, por su responsabilidad en los protocolos que llevaron a más de 7.000 muertes en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron el traslado hospitalario de ancianos enfermos, lo que ha generado una nueva investigación tras una denuncia colectiva de familiares de víctimas. La citación se produce después de que el caso, archivado hace tres años, fuera reabierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia. Las organizaciones que apoyan a los denunciantes exigen que se esclarezca la implicación de otros altos cargos en las decisiones tomadas.
Un juez ha tomado una decisión histórica al imputar por primera vez a dos ex altos cargos del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con las más de 7.000 muertes ocurridas en residencias de mayores durante la pandemia. Los imputados son Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los controvertidos 'protocolos de la vergüenza', y Francisco Javier Martínez Peromingo, quien se desempeñó como coordinador del 'protocolo técnico' que complementaba el trabajo de Mur.
El juez ha convocado a ambos para comparecer como investigados el próximo lunes 26 de mayo, debido a su implicación en los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de miles de ancianos desde las residencias al inicio de la crisis sanitaria. En particular, Mur fue responsable de un protocolo que restringió el acceso a hospitales para muchos residentes enfermos basándose en criterios como el uso de silla de ruedas o deterioro cognitivo. Por su parte, Martínez Peromingo tuvo un papel clave en la ejecución del mencionado protocolo.
La citación se produce tras la reapertura, el pasado 1 de abril, de una causa que había sido archivada provisionalmente casi tres años atrás. Esta reactivación se debió a un recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Madrid, motivado por una denuncia colectiva interpuesta por 109 familiares de víctimas en residencias. La denuncia fue coordinada por las organizaciones 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia', que acusaron a altos funcionarios del Gobierno regional por un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, conforme al artículo 511 del Código Penal.
Las entidades denunciantes han instado a los imputados a revelar toda la verdad sobre sus decisiones y a esclarecer el papel del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, así como el propio papel de Ayuso en las decisiones que impactaron severamente en la vida de muchos residentes. De hecho, han afirmado que “la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo”.
En respuesta a esta situación, Isabel Díaz Ayuso fue cuestionada por los medios durante la mañana del viernes sobre su preocupación respecto a las imputaciones. La presidenta madrileña minimizó la importancia del asunto al señalar que se trata de una causa “que estaba archivada desde hace tres años”, añadiendo que “la Fiscalía ha cambiado de criterio”: “Es toda la información que tengo”.
Tanto Carlos Mur como Francisco Javier Martínez Peromingo ya habían comparecido anteriormente como testigos en otras causas relacionadas con las numerosas denuncias surgidas en los últimos cinco años. Una notable fue ante el Tribunal Supremo, donde se dictó que cada caso debía ser estudiado individualmente respecto a las muertes ocurridas.
Este nuevo avance judicial marca un hito significativo, dado que hasta ahora las investigaciones se habían centrado principalmente en directores o médicos dentro de las residencias, sin abordar adecuadamente a quienes diseñaron y aplicaron los protocolos ni aquellos responsables por no medicalizar adecuadamente estas instalaciones.
La denuncia colectiva presentada en octubre se dividió entre diferentes fiscalías correspondientes a varias áreas, incluyendo Móstoles y Alcalá de Henares. De los 53 denunciantes iniciales, muchos ya contaban con querellas previas archivadas relacionadas con homicidio u omisión del deber de socorro. La Fiscalía Provincial ha solicitado que sean considerados como investigados los "autores intelectuales y firmantes del protocolo", refiriéndose claramente a Mur y Peromingo.
Aparte del caso actual, existen otros procedimientos abiertos donde familiares han decidido presentar querellas directamente ante los juzgados por delitos similares relacionados con la denegación discriminatoria en la atención sanitaria. En total, hay registrados 92 procedimientos vinculados a este tipo penal según el artículo 511 del Código Penal.
A medida que avanza esta situación legal compleja, algunos casos aún esperan pronunciamiento judicial sobre su admisión mientras otros ya han llegado a instancias superiores tras recursos interpuestos por denunciantes cuyas querellas fueron rechazadas inicialmente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 7,000+ | Muertes en residencias de mayores durante la pandemia |
| 109 | Familiares de víctimas que presentaron una denuncia colectiva |
| 92 | Procedimientos relacionados con denuncias o querellas por denegación discriminatoria |
| 53 | Denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial de Madrid |
El juez ha imputado a Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del 'protocolo técnico'.
Se les imputa por su responsabilidad en los protocolos que bloquearon el traslado hospitalario de miles de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia, lo que resultó en más de 7.000 muertes en residencias de mayores en Madrid.
La reapertura del caso se produjo tras un recurso de la Fiscalía Provincial de Madrid, basado en una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de víctimas de las residencias.
Las organizaciones 'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia' han coordinado la denuncia colectiva contra los altos cargos implicados.
Se les atribuye un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Isabel Díaz Ayuso comentó que se trata de una causa que estaba archivada desde hace tres años y que la Fiscalía ha cambiado de criterio al respecto.
Aparte de las imputaciones recientes, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas sobre la misma temática, algunos aún pendientes de admisión por parte de los Juzgados.