La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal en la operación “Krippy”, dedicada a proveer material para plantaciones de marihuana a gran escala. Cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas encarceladas, y se bloquearon cuentas bancarias valoradas en 800.000 euros. Se realizaron trece registros en Tarragona y Granada, donde se incautaron 240.000 euros en efectivo y vehículos. La investigación reveló que la trama operaba como un negocio encubierto, ofreciendo un servicio integral para cultivos ilegales, con una doble contabilidad que ocultaba ingresos ilícitos de aproximadamente 13 millones de euros. Además, la organización tenía una filial en Alemania para expandir su actividad a nivel europeo.
La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo la operación “Krippy”, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal. Esta entidad operaba bajo la apariencia de una empresa dedicada a la venta de productos para cultivos, conocida como growshop, pero en realidad se encargaba de proporcionar el material necesario para establecer y mantener plantaciones de marihuana a gran escala.
En el marco de esta operación, se han detenido a cuatro individuos y dos más están siendo investigados. Dos de los detenidos han sido encarcelados al ser considerados los máximos responsables del grupo delictivo. Además, se ha ordenado el cese de las actividades comerciales de las empresas implicadas, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias y bienes, que suman un valor aproximado de 800.000 euros.
Las fuerzas del orden realizaron trece registros, doce de ellos en diversas localidades de Tarragona—Tarragona, Torredembarra, Salou y Perafort—y uno en Peligros, Granada. En estas intervenciones se incautaron 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos (dos furgonetas, un coche y una motocicleta), así como material tecnológico y documentación relevante para la investigación.
La operación ha revelado que las empresas bajo sospecha no solo vendían productos aislados, sino que ofrecían un servicio integral proporcionando todos los elementos necesarios para la instalación completa de cultivos ilegales de marihuana. Esto incluía sistemas de iluminación, ventilación, riego, fertilización y control ambiental, facilitando así tanto el inicio como el mantenimiento de las plantaciones.
La organización contaba con una estructura jerárquica bien definida. Un núcleo directivo se encargaba de tomar decisiones estratégicas y coordinar las diferentes sedes dispersas por el territorio nacional. Estas empresas operaban discretamente, sin visibilidad comercial al público y funcionando principalmente a puerta cerrada durante las operaciones logísticas.
A pesar de que cada sociedad mercantil parecía operar independientemente, en realidad funcionaban como una única entidad coordinada. Compartían recursos logísticos y comerciales, incluyendo plataformas de venta y gestión del personal, actuando bajo una dirección común.
La investigación ha puesto en evidencia una doble operativa: por un lado, la venta mayorista a otros establecimientos con menor margen de beneficio; por otro lado, la venta directa a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana. Esta última opción resultaba mucho más lucrativa pero se realizaba al margen del marco legal.
Las transacciones directas se llevaban a cabo mayoritariamente en efectivo y sin facturación para evitar cualquier tipo de seguimiento o trazabilidad.
Los agentes han detectado la existencia de una doble contabilidad: una oficial presentada ante las autoridades y otra paralela relacionada con ingresos provenientes de ventas ilícitas. La contabilidad paralela alcanzaba aproximadamente los 13 millones de euros y era utilizada para cubrir pagos a proveedores y gastos personales dentro del entramado.
A lo largo del periodo investigado, las cuentas bancarias asociadas a los líderes del grupo registraron movimientos superiores a los 80 millones de euros, mientras que su actividad económica declarada apenas alcanzaba los 15 millones.
Además, la organización tenía una filial en Alemania que replicaba su modelo operativo ilegal. Esta delegación permitía expandir su actividad a nivel europeo y facilitaba la gestión significativa de efectivo aprovechando normativas específicas sobre pagos.
Para proteger la identidad de sus clientes —muchos vinculados a grandes plantaciones— implementaron medidas encubiertas como sistemas indirectos de entrega y ocultación de direcciones finales. Los empleados eran plenamente conscientes del destino ilícito del material suministrado y participaban activamente en la gestión logística.
El operativo contó con la participación activa de agentes especializados tanto por parte de la Guardia Civil como por parte dels Mossos d’Esquadra, quienes trabajaron conjuntamente para llevar a cabo esta exitosa intervención contra el tráfico ilegal relacionado con el cultivo de marihuana.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800.000 euros | Valor del patrimonio bloqueado de los responsables de la organización criminal. |
| 240.000 euros | Dinero en efectivo intervenido durante los registros. |
| 13 millones de euros | Capital de la contabilidad paralela vinculado a ventas ilícitas. |
| 80 millones de euros | Movimientos de capital registrados en cuentas bancarias vinculadas a los principales responsables. |
| 15 millones de euros | Actividad económica declarada por la organización. |
La operación “Krippy” desarticuló una organización criminal que operaba bajo una trama empresarial dedicada a la venta de productos de growshop, suministrando material para plantaciones de marihuana a gran escala.
Cuatro personas fueron detenidas y dos más están siendo investigadas. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por ser los máximos responsables de la organización.
Se proporcionaba un servicio integral para la instalación y mantenimiento de cultivos ilegales de marihuana, incluyendo iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental.
El patrimonio bloqueado está valorado en aproximadamente 800.000 euros.
La organización tenía una estructura jerarquizada y operaba discretamente, sin actividad comercial visible al público. Funcionaban como una única entidad coordinada a pesar de ser varias empresas aparentemente independientes.
Se descubrió una doble contabilidad: una oficial declarada ante la administración y otra paralela relacionada con ingresos de ventas ilícitas, que ascendía a aproximadamente 13 millones de euros.
Las cuentas registraron movimientos superiores a 80 millones de euros, mientras que la actividad económica declarada no alcanzaba los 15 millones.
Sí, la organización contaba con una filial en Alemania que replicaba la misma operativa ilícita, facilitando la gestión de grandes volúmenes de efectivo.
Implementaban medidas como sistemas de entrega indirecta, ocultación de direcciones finales y uso de intermediarios para recibir mercancías.