El Parlamento de Israel ha aprobado una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento como condena obligatoria para los palestinos condenados por asesinatos terroristas en Cisjordania. Esta medida, promovida por el partido ultranacionalista de Itamar Ben Gvir, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que se aplicará de manera discriminatoria y solo a palestinos. La ley permite que los tribunales ordinarios juzguen a ciudadanos israelíes con opciones más flexibles, como la cadena perpetua. La oposición ha calificado la reforma de inmoral e inconstitucional, y ya se han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para impugnarla.
El Parlamento de Israel, conocido como la Knéset, ha dado luz verde a una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para aquellos condenados por asesinatos terroristas. Esta medida ha suscitado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos, que advierten que su aplicación se dirigirá principalmente contra los palestinos, excluyendo a los ciudadanos judíos israelíes.
La votación, que resultó en 62 votos a favor y 48 en contra, impone a los tribunales militares israelíes la obligación —con excepciones aún no definidas— de aplicar esta pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada que sean hallados culpables de dicho delito. En contraste, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes tendrán la opción de imponer cadena perpetua bajo condiciones más estrictas, según lo informado por EFE.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estuvo presente durante la votación y apoyó la reforma, impulsada por el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir. Tras la aprobación, Ben Gvir intentó celebrar con una botella de champán, aunque un ujier le impidió hacerlo.
En medio de este contexto político tenso, se registraron lanzamientos de misiles desde Irán hacia Tel Aviv. Durante el debate sobre la ley, el diputado del partido opositor 'Yesh Atid', Matti Sarfatti, criticó la legislación calificándola como "populista, inmoral y no igualitaria", además de considerarla "claramente inconstitucional".
Organizaciones civiles como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta ley. La califican como "draconiana" y "discriminatoria por diseño", argumentando que carece de legitimidad sobre la población en Cisjordania y que es poco probable que actúe como un elemento disuasorio frente a futuros ataques.
La Knéset ha aprobado una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, obligando a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada.
La ley se aplicará principalmente a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes tendrán la opción de aplicar cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.
La reforma fue promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien es considerado ultranacionalista y supremacista judío.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la medida como discriminatoria y han calificado la reforma de "draconiana". También se ha recurrido ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnarla.
Opositores como el diputado Matti Sarfatti han calificado la ley de "populista, inmoral y no igualitaria", argumentando que es claramente inconstitucional.