El juicio de la Trama Eólica ha comenzado, involucrando a 15 ex altos cargos del PP y empresarios acusados de repartirse 75 millones de euros en sobornos relacionados con la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Los procesados enfrentan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía solicita 36 años y medio de prisión para Rafael Delgado, principal acusado, así como multas que superan los 236 millones de euros. Se estima que las mordidas repercutieron en la factura eléctrica, afectando a empresas no alineadas con el sistema corrupto. El juicio se extenderá hasta enero de 2026, con un total de 84 testigos y peritos programados para declarar.
El juicio contra los líderes de la conocida Trama Eólica ha dado inicio, marcando un hito en la historia de la corrupción en Castilla y León. En el banquillo se encuentran 15 ex altos cargos del Gobierno autonómico del PP, junto a varios empresarios, todos acusados de haberse repartido 75 millones de euros en sobornos relacionados con la instalación de parques eólicos.
Las primeras jornadas del proceso judicial se han centrado en cuestiones previas, mientras que se espera que durante las próximas sesiones declaren un total de 84 testigos y alrededor de 20 peritos. Los acusados tendrán su turno al final, y la conclusión del juicio está programada para el 28 de enero de 2026.
Los hechos que dan origen a esta trama se sitúan entre 2003 y 2011, bajo el mandato de Juan Vicente Herrera. Según fuentes legales, los procesados implementaron un sistema que retiraba a los servicios territoriales de Industria la capacidad para autorizar parques eólicos, concentrando dicha autoridad en la Viceconsejería, entonces dirigida por Rafael Delgado, uno de los principales acusados.
Este mecanismo obligaba a que cada proyecto incluyera una empresa local designada por la Consejería. Estas empresas adquirían participaciones a precios reducidos y, tras obtener la autorización, revendían sus acciones a los verdaderos promotores —como Iberdrola— generando enormes beneficios que podían alcanzar hasta 250.000 euros por megavatio autorizado.
Ecologistas en Acción, parte demandante en este caso, ha señalado que no solo hubo empresas beneficiadas sino también otras perjudicadas que se vieron forzadas a abandonar sus inversiones por no cumplir con las condiciones impuestas o no ser consideradas lo suficientemente locales. Las empresas locales apenas asumían riesgos ni gestionaban proyectos, pero lograban obtener beneficios millonarios gracias a este esquema corrupto.
Se estima que las mordidas repercutidas finalmente sobre la factura eléctrica alcanzaron un total de 75 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para Rafael Delgado una pena de 36 años y 6 meses de prisión, además de multas superiores a 236 millones de euros e inhabilitación para ejercer un cargo público. Para los demás acusados, las penas solicitadas oscilan entre 6 y 12 años de cárcel, así como multas y responsabilidades civiles valoradas en aproximadamente 19 millones de euros.
Aparte del Ministerio Público, también ejercen como acusación la Abogacía del Estado, particulares afectados y la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, que participa como acción popular.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 15 | Número de ex altos cargos y empresarios acusados |
| 75 millones | Monto total en mordidas |
| 36 años y medio | Pena solicitada para Rafael Delgado |
| 236 millones | Multas solicitadas para Rafael Delgado |
| 84 | Número total de testigos que comparecerán |
| 28 de enero de 2026 | Fecha fijada para la conclusión del juicio |
La Trama Eólica es un caso de corrupción en Castilla y León, considerado el mayor en la historia de la región, donde 15 ex altos cargos del PP y varios empresarios están acusados de repartirse 75 millones de euros en mordidas relacionadas con la instalación de parques eólicos.
Los acusados afrontan cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y extorsión. La Fiscalía pide penas significativas para los principales procesados.
El juicio ha comenzado y se espera que concluya el 28 de enero de 2026, tras varias sesiones donde declararán numerosos testigos y peritos.
Idearon un sistema que retiraba la capacidad de autorizar parques eólicos a los servicios territoriales de Industria, concentrando esta decisión en la Viceconsejería. Esto obligaba a incluir empresas locales designadas por la Consejería en cada proyecto, las cuales obtenían beneficios millonarios sin asumir riesgos reales.
Las mordidas alcanzaron los 75 millones de euros y repercutieron finalmente en la factura eléctrica, afectando tanto a empresas beneficiadas como perjudicadas.