La Guardia Civil investiga a 38 personas en Málaga por captaciones ilegales de agua, esclareciendo 20 delitos relacionados con el aprovechamiento indebido de recursos hídricos y su impacto medioambiental. En un operativo que duró casi un año, se realizaron 110 inspecciones en infraestructuras de extracción de agua. La investigación reveló que una empresa de construcción extrajo agua de pozos durante cinco años para su venta ilegal, generando beneficios superiores a 240.000 euros. Además, se detectaron 187 infracciones administrativas por extracciones no autorizadas y otras irregularidades relacionadas con el uso del agua en una provincia afectada por sequía persistente.
La Guardia Civil ha iniciado una investigación que involucra a 36 personas físicas y 2 entidades jurídicas por delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas y violaciones de la normativa medioambiental. Hasta el momento, se han esclarecido 20 delitos vinculados al aprovechamiento indebido de recursos hídricos, lo que podría tener repercusiones ambientales significativas.
Durante casi un año, los agentes han realizado 110 inspecciones en diversas infraestructuras dedicadas a la extracción y manipulación de agua, enfocándose principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación. Uno de los casos más destacados involucra a una empresa de venta de materiales de construcción que, durante al menos cinco años, extrajo agua ilegalmente para su distribución a viviendas, piscinas e industrias mediante cisternas.
Se estima que esta operación ilegal implicó el uso de aproximadamente 2.400 cubas, equivalentes a unos 12 millones de litros de agua, generando beneficios que superarían los 240.000 euros. Este hecho no solo representa un perjuicio económico sino también un daño considerable al dominio público hidráulico.
Aparte de las captaciones subterráneas, se han documentado 187 infracciones administrativas relacionadas con el uso del agua superficial. Estas infracciones incluyen extracciones sin autorización o en cantidades excesivas, así como la falta de contadores volumétricos para medir el consumo o el uso del agua para fines no autorizados.
Las irregularidades detectadas se agravan por la situación hídrica crítica que atraviesa la provincia, declarada en estado de “sequía persistente”, lo que ha llevado a establecer restricciones en algunas áreas. La investigación está siendo llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Málaga, bajo la supervisión y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente local.
Además, se cuenta con el apoyo del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y los Guardas Fluviales junto con agentes ambientales. Esta colaboración es fundamental para abordar las irregularidades detectadas y proteger los recursos hídricos en la región.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 38 | Personas investigadas (36 físicas y 2 jurídicas) |
| 20 | Delitos esclarecidos |
| 187 | Denuncias por infracciones administrativas |
| 2,400 | Cubas utilizadas para extracción de agua |
| 12 millones | Litros de agua extraídos |
| 240,000+ | Euros en beneficios estimados |
La Guardia Civil investiga a 38 personas por captaciones ilegales de agua, incluyendo 36 personas físicas y dos jurídicas, debido a delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente.
Se han esclarecido un total de 20 delitos relacionados con el aprovechamiento ilegal de recursos hídricos que podrían tener afección medioambiental.
Se han formulado 187 denuncias por infracciones administrativas en materia de aguas, como extracciones sin autorización, falta de contadores volumétricos y usos no autorizados del agua.
El principal delito implicó a responsables de una empresa de construcción que extrajeron agua de pozos durante al menos cinco años para su venta ilegal, generando beneficios significativos sin autorización.
Durante casi un año, se llevaron a cabo 110 inspecciones en infraestructuras relacionadas con la extracción y manipulación de aguas, detectando diversas infracciones y agravantes debido a la situación hídrica en la provincia.
La investigación fue realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección de la Fiscalía de Medioambiente, con colaboración del Servicio de Dominio Público Hidráulico y agentes ambientales de la Junta de Andalucía.