En 2024, al menos 1,2 millones de personas en todo el mundo se vieron desplazadas debido a la delincuencia organizada, un número que se ha duplicado en comparación con el año anterior. Según un informe de la ONU, esta actividad delictiva no solo obliga a las comunidades a abandonar sus hogares, sino que también expone a los desplazados a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia y explotación sexual. Las regiones más afectadas incluyen Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde la debilidad del Estado y la pobreza facilitan la expansión de economías ilícitas. La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos advierte que las respuestas militarizadas de los gobiernos suelen agravar la situación, afectando más a las víctimas que a los criminales. Se insta a los Estados a abordar las causas profundas del desplazamiento y garantizar la protección de los afectados.
Una experta de la ONU ha señalado que la actividad delictiva organizada está provocando una crisis global de desplazamiento interno que no ha recibido la atención necesaria. En su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas, analiza cómo el aumento de la delincuencia organizada se ha convertido en un factor clave en el desplazamiento forzado y en las violaciones de derechos humanos asociadas.
“El número de personas desplazadas por la delincuencia a nivel mundial se ha duplicado entre 2023 y 2024”, afirmó Gaviria Betancur, revelando que al menos 1,2 millones de individuos han sido forzados a abandonar sus hogares debido a la violencia vinculada a actividades criminales.
A pesar del incremento alarmante en los desplazamientos, la relatora subrayó que pocos Estados han logrado implementar respuestas efectivas para prevenir y abordar esta problemática. Los actores criminales no solo desplazan a comunidades enteras, sino que también someten a quienes se ven obligados a huir a graves abusos contra sus derechos, como violencia, extorsión y explotación sexual.
Las regiones más afectadas incluyen Centroamérica, el Sahel, el Sudeste Asiático y partes de Sudamérica y el Caribe. Estas áreas suelen caracterizarse por una débil presencia estatal, altos niveles de pobreza y la existencia de economías ilícitas que facilitan el tráfico ilegal y otros delitos transnacionales.
Gaviria Betancur advirtió que “la totalidad de estos actos erosiona la legitimidad del Estado y socava la cohesión social”, ya que las comunidades se fragmentan bajo presión criminal. Abordar este fenómeno es complicado debido a los múltiples marcos jurídicos involucrados, incluidos los ámbitos humanitario, de derechos humanos y penal.
La relatora enfatiza que las dinámicas generadas por la actividad criminal dificultan encontrar soluciones duraderas al desplazamiento. Además, los grupos delictivos no son homogéneos; sus motivaciones varían considerablemente, lo cual complica aún más su gestión.
Gaviria Betancur expresó su preocupación por las estrategias militarizadas adoptadas por algunos gobiernos para combatir la delincuencia organizada. Según ella, estas respuestas pueden dirigirse contra los criminales pero frecuentemente terminan perjudicando a las víctimas, lo que genera nuevas oleadas de violencia y desplazamientos.
El informe hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas que aborden las causas subyacentes del desplazamiento y la criminalidad, tales como la pobreza, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho. También es fundamental garantizar que las respuestas a la violencia criminal prioricen la protección de las víctimas y promuevan mecanismos efectivos de justicia y reparación.
*Paula Gaviria Betancur es Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
Los relatores especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos trabajan voluntariamente y no reciben salario por su labor. Aunque están apoyados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, actúan independientemente.
En 2024, al menos 1,2 millones de personas se vieron desplazadas por la violencia relacionada con la delincuencia en todo el mundo, lo que representa el doble que el año pasado.
Las personas desplazadas por la delincuencia organizada son sometidas a graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo violencia, extorsión, reclutamiento y trabajo forzados, así como violencia y explotación sexuales.
Las regiones más afectadas incluyen Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así como otras áreas como el Sahel y el Sudeste Asiático.
La ONU insta a los Estados a adoptar medidas que aborden las causas profundas del desplazamiento y la criminalidad, como la pobreza y la corrupción, además de garantizar la protección de las víctimas y promover soluciones duraderas para los desplazados internos.
Los enfoques militarizados pueden dirigirse contra los actores criminales pero a menudo acaban castigando a las víctimas, impulsando nuevas oleadas de violencia y desplazamientos.