El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado ante el juez que los 'protocolos de la vergüenza' implementados durante la pandemia eran discriminatorios y excluyeron a miles de mayores de atención hospitalaria. Según Reyero, estos protocolos decidían quién podía recibir atención médica basándose en criterios no médicos, lo que resultó en la muerte de casi ocho de cada diez residentes sin ser trasladados a hospitales. A pesar de sus intentos por alertar a sus compañeros de gobierno sobre las consecuencias legales y éticas de estas decisiones, no recibió respuesta. La declaración de Reyero ha resonado entre familiares de víctimas, quienes continúan exigiendo justicia por las muertes ocurridas en residencias durante la crisis sanitaria.
No eran meros protocolos médicos, sino actos de discriminación. Así lo ha afirmado Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola del COVID-19. En su declaración como testigo ante el juez que investiga los 'protocolos de la vergüenza', Reyero fue recibido con aplausos por familiares de las víctimas, quienes han agradecido su valentía al seguir luchando por justicia en esta causa.
Según sus declaraciones, en marzo de 2020 se establecieron criterios claros sobre quién podría recibir atención hospitalaria y quién no, y estos criterios no estaban basados en consideraciones médicas. Reyero explicó que si una persona vivía en su hogar, tenía más posibilidades de ser atendida; sin embargo, aquellos que residían en centros geriátricos enfrentaban un destino sombrío: casi ocho de cada diez mayores murieron sin ser trasladados a hospitales. Aquellos con seguro privado tenían más opciones, mientras que las personas con discapacidades graves o deterioro cognitivo quedaban excluidas.
Reyero tuvo conocimiento de estos protocolos el 21 de marzo de 2020. Al día siguiente, envió un correo electrónico al consejero de Sanidad y a Carlos Mur, firmante de dichos protocolos, advirtiendo sobre las posibles consecuencias legales y la indignidad con la que estaban muriendo los mayores. Sin embargo, no recibió respuesta. A pesar de sus esfuerzos por convencer a otros miembros del gobierno para que se medicalizaran las residencias, sus intentos fueron en vano.
Públicamente, en la Asamblea y mientras aún ocupaba su cargo, Reyero expresó su oposición a estos protocolos: “Estoy radicalmente en contra de los protocolos. No son éticos y posiblemente no sean legales”. Eventualmente, dimitió en octubre del mismo año.
Posteriormente, Reyero publicó un libro donde narra los acontecimientos ocurridos durante esa crisis sanitaria. En un debate electoral posterior, alguien intentó entregarle su obra a Ayuso, quien respondió tajantemente: “No me lo acerque”. Entre marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas en residencias madrileñas, lo que ha llevado a muchas familias a exigir justicia.
Reyero se ha convertido en una voz destacada entre aquellos que denunciaron estas prácticas dentro del Gobierno. Su testimonio resuena con la demanda colectiva: lo sucedido no fue una crisis inevitable; fue una decisión política que dejó consecuencias devastadoras.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 80% | Casi ocho de cada diez mayores murieron sin ser trasladados. |
| 21 de marzo de 2020 | Fecha en que Reyero supo de los protocolos. |
| 7.291 | Número de personas que murieron en residencias madrileñas entre marzo y mayo de 2020. |
| Octubre de 2020 | Mes en que Reyero dimitió. |
Alberto Reyero fue el exconsejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Ayuso durante la primera ola del COVID-19. Ha declarado como testigo ante el juez sobre los 'protocolos de la vergüenza' aplicados a los mayores en residencias.
Los 'protocolos de la vergüenza' se refieren a las directrices que se implementaron en marzo de 2020, que excluían a miles de mayores de atención hospitalaria basándose en criterios no médicos, como vivir en residencias o tener discapacidad.
Las consecuencias fueron devastadoras, con casi ocho de cada diez mayores que no fueron trasladados a hospitales y murieron sin recibir atención adecuada. En total, murieron 7.291 personas en residencias madrileñas entre marzo y mayo de 2020.
Reyero envió correos al consejero de Sanidad advirtiendo sobre las posibles consecuencias legales y la indignidad con la que estaban muriendo los mayores, pero no recibió respuesta. Intentó convencer a sus compañeros de gobierno para que medicalizaran las residencias, pero no tuvo éxito.
Alberto Reyero fue recibido con aplausos por los familiares de los fallecidos cuando declaró ante el juez sobre los protocolos discriminatorios.
Después de dimitir, publicó un libro contando lo que ocurrió durante esa crisis y ha continuado denunciando públicamente las decisiones políticas que llevaron a esta tragedia.