La justicia española reabre el caso de las muertes en residencias durante la primera ola del COVID-19, enfocándose en los políticos responsables de los protocolos que impidieron el traslado de miles de mayores a hospitales. Dos altos cargos del Gobierno de Madrid están siendo investigados por su papel en estas decisiones, que resultaron en la muerte de 7.291 personas sin atención médica adecuada. Los familiares de las víctimas exigen responsabilidades y justicia, mientras se investiga un delito de denegación discriminatoria de atención sanitaria pública. La nueva etapa judicial busca esclarecer quién dio las órdenes y por qué se excluyó a ciertos grupos del sistema sanitario.
Después de cinco años marcados por la tragedia, la justicia comienza a tomar cartas en el asunto respecto a las muertes de miles de mayores en residencias de Madrid durante la primera ola del COVID-19. Este panorama se ha visto transformado con la decisión de dos jueces que han reabierto el caso, enfocándose ahora en los políticos responsables que firmaron los controvertidos protocolos que impidieron el traslado a hospitales.
Los familiares de las víctimas habían enfrentado un largo camino lleno de obstáculos judiciales. Durante este tiempo, se encontraron con querellas que no avanzaban y jueces que desestimaban la conexión entre las decisiones políticas y las muertes. Hasta ahora, los responsables solo habían comparecido como testigos, pero la situación ha cambiado drásticamente.
Los magistrados han decidido reexaminar el caso desde una nueva perspectiva, citando a doscientos altos cargos de la Comunidad de Madrid como investigados. Estos funcionarios son los autores de los infames protocolos emitidos entre marzo y abril de 2020, que indicaban explícitamente que los mayores con enfermedades terminales o discapacidades no debían ser trasladados a hospitales. Esta directriz se aplicaba únicamente a quienes residían en centros geriátricos, dejando fuera a aquellos que vivían en sus hogares.
El resultado fue devastador: más de 7.291 personas murieron sin recibir atención hospitalaria adecuada. Casi el 80% de estos fallecimientos se produjeron sin que los afectados tuvieran acceso a una cama en un hospital.
Anteriores querellas se fundamentaban en delitos como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro, pero estas no lograron avanzar debido a la dificultad para demostrar que una muerte específica fue consecuencia directa del incumplimiento del traslado. Sin embargo, el enfoque actual ha cambiado hacia un delito más claro: la denegación discriminatoria de una prestación sanitaria pública.
Bajo esta nueva línea investigativa, se busca determinar si un cargo público negó atención médica por motivos discriminatorios basados en edad o discapacidad. Las consecuencias legales podrían incluir penas de cárcel e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Carlos Mur, uno de los firmantes de los protocolos cuestionados, ha declarado que no actuó solo y recibió instrucciones claras superiores. Los familiares demandan una ampliación de la investigación para incluir a quienes estaban al mando durante esos momentos críticos, incluyendo a los consejeros de Sanidad e Interior y hasta la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
A lo largo del proceso judicial anterior, solo se había investigado al personal médico y auxiliar en residencias, quienes no fueron condenados por su falta de recursos y apoyo. Ahora es el turno de que los responsables políticos enfrenten las consecuencias por sus decisiones fatales.
Con esta nueva etapa judicial en marcha, los altos cargos deberán comparecer como investigados y no podrán escudarse más detrás del argumento técnico. Tendrán que aclarar quién dio las órdenes y por qué miles fueron excluidos del sistema sanitario.
Mientras tanto, los familiares continúan su lucha por justicia. No buscan venganza; anhelan verdad y responsabilidad. La decisión política que llevó a dejar morir sin atención a ciertos mayores debe ser respondida ante la ley.
La justicia ha decidido reabrir el caso y está investigando a dos altos cargos del Gobierno madrileño por ordenar que no se hospitalizara a miles de mayores durante la primera ola del COVID-19.
Los protocolos indicaban que no debían ser derivados al hospital los mayores con enfermedades terminales, deterioro cognitivo, discapacidad o en cuidados paliativos, aplicándose solo a quienes vivían en residencias.
7.291 personas murieron en residencias madrileñas sin ser trasladadas a hospitales, y casi un 80% de los mayores fallecidos nunca tuvo acceso a una cama hospitalaria.
Se investiga la denegación discriminatoria de una prestación sanitaria pública, que implica que un cargo público impida que una persona reciba atención médica por razones discriminatorias como su edad o discapacidad.
Carlos Mur es uno de los firmantes de los documentos, pero él afirma que recibió instrucciones y el visto bueno de sus superiores. Los familiares de las víctimas exigen investigar a toda la cadena de mando, incluyendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No piden venganza, sino verdad, justicia y responsabilidades por las decisiones que llevaron a dejar morir sin atención a quienes más lo necesitaban.