La Fiscalía Europea informó de medidas cautelares contra diez sospechosos en Italia, en una investigación sobre dos presuntos grupos criminales acusados de gestionar solicitudes de ayudas agrícolas de la UE mediante métodos engañosos. Un sospechoso quedó en prisión preventiva, cinco bajo arresto domiciliario y cuatro tienen prohibido gestionar actividades comerciales durante un año. En total, 13 personas afrontan cargos por presuntas asociaciones criminales y otros delitos. La investigación también dio lugar a medidas financieras y órdenes de embargo por 927.000 euros. Todos los implicados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad ante los tribunales italianos.
A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Palermo, Italia, agentes de la Sección de Fraude de la UE del Mando de Protección Agroalimentaria de los Carabinieri ejecutaron el 22 de octubre de 2026 medidas cautelares personales contra diez sospechosos. Una persona ingresó en prisión provisional, cinco quedaron bajo arresto domiciliario y a otras cuatro se les prohibió gestionar actividades comerciales durante un año. Las medidas fueron ordenadas por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Enna.
La investigación, desarrollada entre 2024 y 2025, apunta a la existencia de dos grupos delictivos que presuntamente gestionaban solicitudes de ayudas agrícolas en nombre de decenas de agricultores de la zona. Según la investigación, habrían recurrido a métodos engañosos para obtener subvenciones de la UE para esos agricultores, perjudicando así los intereses financieros de la Unión.
Las pesquisas también detectaron el uso de un Centro de Asistencia Agrícola que operaba ilegalmente para tramitar las solicitudes de subvenciones. El presunto mecanismo incluía terrenos arrendados al Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola y Alimentario (ISMEA), entidad pública italiana que apoya al sector agrícola y facilita el acceso a tierras de cultivo.
De acuerdo con la investigación, esos terrenos se utilizaron para respaldar solicitudes de ayudas de la UE pese a que no se habían pagado las cuotas previstas en los contratos de concesión correspondientes.
Trece personas afrontan cargos relacionados con dos presuntas asociaciones delictivas y varios delitos adicionales, entre ellos fraude agravado para obtener fondos públicos y ejercicio ilícito de funciones públicas.
La investigación ha dado lugar además a órdenes de incautación y otras medidas financieras por un total de 927.000 euros, incluidas órdenes para incautar bienes por un valor equivalente.
Todas las personas afectadas se presumen inocentes hasta que los tribunales italianos competentes determinen su culpabilidad.
La Fiscalía Europea es el órgano independiente de persecución penal de la Unión Europea. Su cometido es investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
| Dato | Cifra |
|---|---|
| Sospechosos sujetos a medidas cautelares personales | 10 |
| En prisión provisional | 1 |
| Bajo arresto domiciliario | 5 |
| Inhabilitados para gestionar actividades comerciales | 4 durante un año |
| Periodo de investigación | 2024-2025 |
| Personas que afrontan cargos | 13 |
| Órdenes de embargo y otras medidas financieras, incluidas órdenes de incautación de bienes de valor equivalente | 927.000 euros |
El 22 de octubre de 2026, a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Palermo, se ejecutaron medidas cautelares personales contra diez sospechosos: uno quedó en prisión preventiva, cinco bajo arresto domiciliario y cuatro recibieron la prohibición de gestionar actividades comerciales durante un año. Las medidas fueron ordenadas por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Enna.
La investigación, realizada entre 2024 y 2025, señala la presunta existencia de dos grupos criminales que habrían gestionado solicitudes de subvenciones agrícolas para decenas de agricultores locales mediante métodos engañosos. También apunta al uso de un centro de asistencia agrícola que operaba ilegalmente y de terrenos arrendados al organismo público italiano ISMEA para respaldar solicitudes de ayudas, pese a que no se habían pagado los cánones correspondientes.
Trece personas afrontan cargos relacionados con dos presuntas asociaciones criminales y otros delitos, entre ellos fraude agravado para obtener fondos públicos y ejercicio ilegal de funciones públicas.
La investigación dio lugar a órdenes de embargo y otras medidas financieras por un total de 927.000 euros, incluidas órdenes de embargo de bienes por un valor equivalente.
No. La EPPO recuerda que todas las personas afectadas se presumen inocentes hasta que los tribunales italianos competentes demuestren su culpabilidad.