La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. En la operación "Lutasanol", se detuvo al principal captador y se investigó a otros tres implicados, incluyendo administradores de una empresa utilizada para estas actividades fraudulentas. La organización, que operaba en varias provincias, había tramitado más de un centenar de expedientes falsos, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas. La investigación continúa bajo la dirección del Tribunal de Instancia de El Ejido.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Lutasanol”, resultando en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros mediante contratos laborales falsos. Esta red, que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso, habría gestionado ilegalmente más de un centenar de casos.
Como resultado de la operación, se detuvo al principal captador de la trama y se investigó a otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para llevar a cabo estas actividades ilícitas y un gestor laboral que colaboraba con ellos. Durante el operativo, se realizó un registro en el establecimiento que funcionaba como centro de operaciones, donde se confiscó abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con las actividades delictivas y dinero en efectivo obtenido presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.
La investigación, iniciada el año pasado, reveló que los miembros de esta organización captaban a personas extranjeras en busca de permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el fin de presentar documentación aparentemente legal ante las autoridades competentes, exigiendo cantidades que variaban entre 4.500 y 10.500 euros.
Los agentes confirmaron que la organización registraba trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera actividad empresarial real que justificara tales contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a 100.000 euros, lo cual les permitió facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Las actividades delictivas se extendieron más allá de Almería, alcanzando ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura operativa contaba con funciones claramente definidas entre captadores encargados de gestionar documentos y asesores especializados que daban apariencia legal a toda la operación.
Se trataba de una red criminal activa a nivel interprovincial que facilitó ilegalmente más de un centenar de expedientes para regularizar situaciones administrativas, beneficiándose económicamente al explotar las necesidades de aquellos ciudadanos extranjeros deseosos de regularizar su estatus en España.
Ante estos hechos, se procedió a la detención del captador principal y se inició una investigación sobre los administradores localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, así como del gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería y el Puesto Principal de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 en El Ejido (Almería).
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 4.500 - 10.500 euros | Cantidad cobrada por cada expediente falso para regularizar a extranjeros. |
| 100+ | Número de casos tramitados ilegalmente por la organización. |
| 100.000 euros | Fraude total generado por las actividades de la red criminal. |
La Guardia Civil desarticuló una organización criminal en la operación “Lutasanol” dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos.
La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso que tramitaban.
Se estima que la organización habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
Se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente de los cobros realizados a las víctimas.
La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería, captando ciudadanos en Murcia y diversas provincias como Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Los miembros de la organización realizaron altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real, generando un fraude superior a los 100.000 euros.